Germán Garavano resaltó la decisión del presidente Mauricio Macri de avanzar en la firma del decreto de extinción de dominio para recuperar bienes sustraídos en casos de corrupción y
del narcotráfico.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que el decreto sobre el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, “es una herramienta novedosa para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes”.
Y estimó, en diálogo con radio Mitre, que “los plazos no deberían superar el año”. Garavano estuvo presente, junto a Patricia Bullrich, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañando al Presidente durante el anuncio de la medida, que este martes fue publicada en el Boletín Oficial.
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El funcionario destacó la iniciativa del presidente Macri, luego de que el proyecto estuviese cajoneado en el Congreso. “Fue un tema que se discutió mucho en el Parlamento y nunca se logró avanzar. Era una de las prioridades del Gobierno en la lucha contra las mafias, la trata y el delito”, afirmó.
El decreto del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio establece la creación de “una Procuraduría” con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado.
La decisión del Gobierno fue criticada por legisladores de la oposición, que pidieron que el proyecto sea tratado en el Parlamento en sesiones extraordinarias. Además del debate que despertó entre constitucionalistas respecto a la constitucionalidad de la extinción de dominio.
En torno de la firma del DNU, el ministro de Justicia dijo que el Ejecutivo analizó la falta de “voluntad política para avanzar (en el Congreso), y por eso se tomó la decisión”.
“Primero se logró consensuar en Diputados el proyecto que iba por la vía civil y, dos años después, el Senado lo modifica, pero saca la vía civil y vuelve a la penal, a los jueces de Comodoro Py, y veíamos que Diputados no tenia consensos para avanzar“, recordó el funcionario.
Al ser consultado por las voces de la oposición que dijeron que era una medida “inconstitucional”, Garavano respondió que se trata de “un tema novedoso, y el enfoque al DNU que ha dado el Gobierno también lo es. Las objeciones son tres: la primera es si es materia civil o penal, el enfoque es novedoso porque es civil“.
Además, explicó por qué se hizo a través de un DNU, que fue otra crítica de la oposición. “Lo de necesidad y urgencia, es porque dejaba de tener estado parlamentario, y no había voluntad de tratarlo”. Y acaró que, en tanto “es el derecho de propiedad, y acá se van a tomar muchas garantías, previo a la comisión del delito, por ejemplo. Además hay una sentencia judicial que va a tener que estar firme para poder desapoderar a una persona”.
“Creemos que se trata de un instrumento válido y ojalá se abra el debate en la Bicameral y ratifique un instrumento parecido”, aseguró Garavano.
Y precisó que otro de los objetivo es “cortar rápidamente el flujo de dinero, y más allá de las personas involucradas”.
“Estos bienes pueden volver a la gente que más lo necesita a través del Estado; los valores superan los 100 mil millones de pesos, y ya están embargados, una cifra muy significativa”, precisó Garavano.
Finalmente, para el ministro de Justicia, la iniciativa apunta a desarticular “los entramados de testaferros y sociedades que se utilizan en estos casos, donde van escondiendo el dinero y poniéndolo en cabeza de otras personas como empleados, secretarios”, y puso como ejemplo el caso del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, acusado de enriquecimiento ilícito por unos 70 millones de dólares.