Los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich adelantaron en el Salón Blanco algunos puntos del decreto de necesidad y urgencia que firmará Mauricio Macri para acelerar la recuperación por parte del
Estado de bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos.
Según calculó el Gobierno, hoy hay alrededor de 20.000 millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.
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Por eso, con la medida, campos, casas, vehículos o incluso obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas.
Una fiscalía especial será la encargada de investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas en forma paralela a los procesos penales que se estén llevando a cabo. Si quienes poseen esos bienes no logran justificarlos, se podrá avanzar con la extinción de dominio propiamente dicha.
El titular de Justicia aseguró que el decreto regula sobre materia civil para poder actuar con mayor rapidez, independientemente del proceso penal. Será a partir del Código Civil y del derecho procesal Civil y Comercial. Los funcionarios remarcaron esa cuestión para replicar de antemano impugnaciones.
“El Poder Ejecutivo está constitucionalmente autorizado y hemos sido muy cuidadosos en no avanzar sobre competencias penales”, dijo Garavano. Otro tema de controversia será si puede aplicarse de manera retroactiva. Bullrich no descartó esa posibilidad, por un período de 20 años hacia atrás.
El DNU dispone la creación de una Procuraduría en el ámbito del Ministerio Público, con el objetivo de que los fiscales inicien el proceso ante la Justicia Civil y Comercial en los casos de procesos penales con bienes secuestrados. También participa la Procuración del Tesoro, en representación del Estado.
Bullrich dijo que el régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante.
Hasta ahora, solo la Justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias en firme.
“La Justicia penal tiene hoy instrumentos para avanzar y recuperar estos bienes, pero es muy lenta”, había dicho el presidente Mauricio Macri en su discurso del anuncio.
Los tenedores de los bienes serán citados y si éstos no pueden ser justificados, pasarán al Estado para ser gestionados por el ABE (Administradora de Bienes del Estado). “Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada”, sostuvo Bullrich.