El Gobierno avanza con la subasta de frecuencias de tercera y cuarta generación (3G y 4G) de telefonía celular, que tiene Arsat y no utiliza para prestar servicios de comunicaciones
móviles.
El presidente Mauricio Macri dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que transfiere al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) 70 Megahertz (Mhz) de frecuencias 4G y 20 Mhz de 3G, que fueron devueltas por el grupo Vila-Manzano, luego de no pagar el precio acordado en la subasta realizada por el kirchnerismo a fines de 2014.
Las frecuencias son como rutas por donde circulan las comunicaciones móviles. Por eso, la subasta de frecuencias de telefonía celular permitirá ampliar el ancho de banda que tienen los prestadores, así como sumar nuevos operadores del servicio.
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El DNU 58/19 modifica la Ley de Desarrollo Satelital y establece que el 20% de esas frecuencias deberá ser para operadores “de caracter regional o local, públicos o privados”. Fuentes del Gobierno aseguran que esto permitirá que haya “mayor competencia en telefonía celular”, ya que durante el kirchnerismo las licitaciones de telefonía celular sólo permitieron ampliar la capacidad de los operadores existentes.
Este era uno de los temas que formaba parte de la “Ley Corta” de comunicaciones, que el Gobierno envió en abril pasado al Congreso y tuvo media sanción del Senado, con apoyo de Cambiemos y el bloque peronista Argentina Federal; pero que luego se trabó en Diputados, por presión de algunos gobernadores peronistas que pretendían modificar el texto aprobado en el Senado.
“El DNU de hoy es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, sostuvo Franco Cecchini, presidente de la Cámara de Telefonía IP (CATIP). Y agregó que esas nuevas frecuencias permitirán nuevas inversiones y mayor competencia, para mejorar la “calidad y nivel de servicio de las telecomunicaciones de nuestro país”.
El Gobierno necesita que el DNU sea aprobado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que puede hacerlo en los primeros 10 días hábiles, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso. Sólo en caso que ambas Cámaras rechacen el DNU se deroga el decreto.
“Si logra aprobación de la bicameral, se abre el juego para potenciales nuevos operadores y a la vez surge una fuente de ingresos fiscales”, sostuvo en las redes sociales el especialista Enrique Carrier.
Es que en la última subasta de frecuencias de telefonía celular, a fines de 2014, el Gobierno kirchnerista logró el ingreso de US$ 1.727 millones, que fueron aportados por Claro, Personal y Movistar. En esa subasta, el grupo Vila-Manzano se comprometió a pagar otros US$ 506 millones. Pero ante la falta de pago, la entonces Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) canceló la entrega de esas frecuencias, en septiembre de 2015.
El kirchnerismo después transfirió esas frecuencias a Arsat y, poco antes de dejar el Gobierno, sancionó una ley que reservaba esas frecuencias “con caracter preferencial” para Arsat y establecía que sólo se podía modificar esta norma con una ley especial que involucre a dos tercios de los miembros del Congreso.
El objetivo del kirchnerismo era que Arsat construya una red mayorista de telefonía celular, bajo el nombre Libre.ar, para que las cooperativas y pymes puedan “transformarse en prestadoras de telefonía celular e Internet móvil”, según figura en el libro Una Década Ganada Construyendo Porvenir. Eso formó parte del relato K, pero nunca se transformó en realidad, ya que Arsat nunca prestó servicios de telefonía celular.