En las últimas ocho décadas, o incluso más, Colombia vivió un conflicto armado entre grupos guerrilleros marxistas, organizaciones paramilitares de derecha, fuerzas de seguridad estatales y carteles del narcotráfico, con un
saldo de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
El acuerdo de paz con la principal guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trajo algo de alivio a partir de su firma, en 2017. La organización se disolvió y se reconvirtió para incorporarse a la vida política del país. Sólo quedan pequeños grupos disidentes, vinculados al narcotráfico.
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También ayudó a pacificar la detención o muerte de los principales jefes narcos. Aunque los grandes carteles colombianos -como el de Medellin y el de Cali- fueron desarmados, el país aún es uno de los más importantes productores y exportadores de cocaína. Ahora las estructuras delictivas son más pequeñas y fragmentadas. El único grupo grande que actúa es el Clan del Golfo, liderado por Dairo Antonio Úsuga David.
En cuanto a los grupos guerrilleros, el único que aún perdura es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se define marxista-leninista. Su estructura es mucho más débil de la que tuvo las FARC, y se calcula que actualmente está compuesta por unos 1.500 milicianos.
Habían iniciado un diálogo de paz con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, pero se frenó con la administración de Iván Duque, mucho más rígido en sus demandas. El gobierno le exige que liberen sin condicionamientos a todos los secuestrados que hay en su poder y que cesen cualquier actividad violenta.
La jefatura del ELN considera que las exigencias de Duque son “condiciones unilaterales inaceptables” y que las conversaciones deben continuar en Cuba, como se pactó con Santos.
En el marco de este punto muerto de las negociaciones, la guerrilla reactivó sus acciones violentas como voladuras de oleoductos en el norte y secuestros extorsivos. Se cree que hay entre 10 y 13 rehenes en manos del ELN.