Cobraba por “protección” ilegal a un supermercado, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, y ahora está al frente de una comisaría 5° de La
Plata. Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la sentencia no está firme y que por esa razón se decidió utilizar al policía provisoriamente para la función. Por Rodolfo Lara
Javier Santiago Cao fue condenado en 2017 por delitos cometidos tres años antes. Incluso la Auditoría General de Asuntos Internos, conocida la evolución de la causa, lo suspendió por diez días. Luego volvió a prestar servicio.
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Con los ascensos de los 10.000 policías firmado el 13 de enero por el ministro Cristian Ritondo, el entonces titular de la dependencia policial, Sergio Gómez, fue promovido a comisario inspector y con esa gradación no puede quedar en comisaría. Inmediatamente asumió su lugar Cao, su segundo.
Según las autoridades del área ministerial, “no está previsto asignarlo en esa función”. Se trataría de un parche provisorio.
De acuerdo con la sentencia en su contra, quedó acreditado que “entre junio y setiembre 2014 Cao dispuso ilegalmente la asignación de efectivos para la vigilancia exclusiva del supermercado Aero Trece (calle 13 y 609) al que se custodiaba de lunes a sábado de 17 a 21 “.
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Esa custodia, según el fallo, se brindaba “a cambio de percepción de una suma de dinero que percibía su jefe de calle, Fernando Pardo (también condenado), quien concurría una vez por semana para la recaudación ilegal”.
El cobro representaba 4.000 pesos cada siete días. El dueño del súper y un encargado aseguraron que estaban obligados a realizar el pago. “No podíamos hacer otra cosa. Si no pagábamos quedábamos expuestos y sin ninguna seguridad”, explicaron entonces en la declaración.
Esa postura fue reafirmada por el fallo de Emir Caputo Tártara, uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo criminal N° 4 de La Plata. “En caso de no contratar esa modalidad de seguridad quedaban a merced de los delincuentes y la posibilidad de ser asaltados”, sostuvo el Tribunal, integrado también por los magistrados Germán Alegre y Hernán Decastelli.
Considerando la suspensión de diez días aplicada en su momento, Asuntos Internos habría considerado el caso como de “falta leve”. Por eso, Cao permaneció en la grilla de los ascensos todo este tiempo. La explicación es que no podían aplicar sanción equivalente con el delito condenado hasta tanto la sentencia quedara firme.
La instancia termina en Casación. Los cargos son por “peculado de trabajos y servicios, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.