El único acuerdo que se rubricó durante la visita de Macri a Brasil fue el que firmaron el canciller argentino, Jorge Faurie, y el ministro de Justicia, Garavano, con sus pares
locales, Ernesto Fraga Araújo y Sergio Moro. Se trata de un nuevo Tratado de Extradición, que actualiza el vigente, que data de 1961.
El nuevo acuerdo, que deberán rubricar ambos congresos, pretende agilizar los procesos de captura y el traslado de los detenidos. Las dos administraciones lo consideran clave para combatir el crimen organizado.
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Sin embargo, durante las conversaciones que mantuvieron los dos ministros de Justicia a lo largo del día se colaron análisis de corte más político sobre las situaciones procesales de los ex presidentes de Brasil y la Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Kirchner.
No fue casual, Moro condenó al líder del PT a 9 años y seis meses de prisión en el marco de la investigación por el Lava Jato, justo cuando Lula pretendía competir por la presidencia, en las recientes elecciones que consagraron a Jair Bolsonaro. Luego, el mandatario electo lo convocó a su Gabinete y Moro, entre críticas de opositores e independientes, aceptó.
Los dos funcionarios evaluaron que será un año duro para la cartera de Justicia en Argentina y para el Gobierno si Cristina es finalmente candidata. “Así fue en Brasil”, explicaron en la delegación nacional, aunque imaginaron -para el caso argentino- un panorama más complejo.
Se referían a los tiempos laxos y los -según el oficialismo- presuntos lineamientos políticos del poder Judicial argentino. Argumentaban que Moro condenó a Lula, la Cámara confirmó la sentencia y aumentó la pena tres años y el Tribunal Supremo Electoral de Brasil rechazó el recurso del ex presidente para que lo dejaran competir. En cambio, contrastaban que solo dos de los juicios orales que debe enfrentar la ex mandataria argentina tienen fecha puesta y descuentan que será candidata, tal como Mauricio Macri se los dijo a sus aliados radicales la semana pasada en La Angostura.
Moro relató a Garavano su experiencia en el Lava Jato. El ministro argentino, en tanto, le contó sobre la dificultad de dejar de ser juez para convertirse en ministro.
No se habló en cambio sobre las ventaja y desventajas de impulsar en la Argentina una “ley de ficha limpia”, como la que tiene Brasil y que impide que un condenado en dos instancias compita en elecciones, tal como le ocurrió a Lula. Un sector de Cambiemos reclama cada vez en voz más alta legislación en ese sentido. La debilidad del Gobierno en el Congreso lo vuelve prácticamente inviable.
Los acuerdos de Seguridad y Defensa ocuparon una de las patas de la ronda de reuniones entre los presidentes y los ministros de las respectivas áreas. Patricia Bullrich, que compartió reuniones con Garavano y Moro, quien tiene a su cargo también la cartera de Seguridad, avanza en acuerdos para investigación conjuntas de bandas transnacionales, cooperación en inteligencia criminal y el cuidado conjunto de las fronteras.
En abril, cuando Bolsonaro visite el país, ambas administraciones podrían terminar de cerrar los acuerdos. En lo referido al intercambio de información sobre barrabravas de fútbol, por ejemplo, los dos Gobiernos comenzarán a intercambiar información de manera inmediata. “Fue una muy buena visita, con acuerdos profundos y mucha empatía”, sostuvo la ministra.
En tanto, el ministro de Defensa Oscar Aguad acordó con su par brasileño, el general del Ejército Fernando Azevedo e Silva, 5 temas para trabajar en conjunto: la Frontera Norte, Atlántico Sur, Ciberdefensa, intercambio de tecnología aeroespacial, satelital y nuclear Catástrofes por cambio climático y operaciones conjuntas de paz. En abril habrá una ronda de reuniones en Río de Janeiro para seguir avanzando.