Moreno, tras aclarar que el proyecto no está aún oficializado, sostuvo que la iniciativa “reedita el tema de bajar la edad en un año electoral y nos preocupa porque no va a tener incidencia en la seguridad”, al advertir que “si se miran las estadísticas reales la incidencia es mínima, y esto se está mostrando como una cuestión de seguridad”.
“No entiendo la finalidad de la reforma, salvo que la tenga que relacionar con que el tema de poner a los menores como enemigos sociales genera algún grado de satisfacción electoral”, aseguró el magistrado, quien se pronunció a favor de “dar el debate, pero hay que dar un debate mucho más amplio por la falta de equipos interdisciplinarios, el presupuesto y los remedios que necesita la Justicia para esto”.
En diálogo con radio Continental, Moreno consideró que “la Justicia no está en condiciones de hacer un seguimiento por falta de presupuesto”, y puso como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires que, dijo, “tiene una sola trabajadora social, la Corte no les deja usar el cuerpo medico forense y dependen de los organismos públicos para hacer informes”.
“Tenemos una restricción muy fuerte en los gastos”, afirmó el magistrado, quien llamó a “buscar soluciones que tengan que ver con alternativas al encierro”, como lo hicieron provincias como Salta y Catamarca.
En un comunicado, la Ajunaf sostuvo que “la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia en la Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina es pobre”.
“No parece razonable que, en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado, de las provincias, la Ciudad y los municipios del sistema de protección integral de derechos de la niñez”, afirmaron.