El 12 de mayo de 2018 el juez federal Gustavo Lleral invalidó el resultado de las grabaciones telefónicas realizadas a los familiares y amigos del artesano, con las que el juez Otranto esperaba, en septiembre de 2017, obtener datos que ayudaran a encontrar al joven desaparecido desde el 1º de agosto de ese año, por considerar que afectaban los derechos a la privacidad y libertad de los individuos que avala la Constitución Nacional.
El 7 de agosto del 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había declarado la validez de la medida.
Acto seguido, el CELS y la defensora de la familia Maldonado, Verónica Heredia presentaron un recurso de casación que ahora fue rechazado por los magistrados puesto que “no se observa un supuesto de arbitrariedad en la decisión imputada, ni se ha fundamentado debidamente la cuestión federal que se invoca”, escribieron los jueces.