Para el presidente de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Yofre, este nivel récord de procesados y la existencia de tantos acusados de delitos de “guante blanco” con prisión preventiva se
debe a que “La justicia argentina está viviendo una situación inédita al haber ordenado la detención de numerosas personas por casos de corrupción. En la historia reciente, salvo el caso de María Julia Alsogaray, no había antecedentes”.
“Este cambio obedece esencialmente al dictado de la Ley 27.304 ( del Arrepentido), que permitió contar con evidencia desde el interior mismo de la propia organización criminal (integrada por funcionarios públicos y empresarios). La contundencia de esa prueba, más la información acerca de la impunidad con que se han manejado los autores, han permitido re-evaluar los riesgos procesales (obstaculización de la investigaciones y peligros de fuga, esencialmente) que han derivado en la prolongación de las detenciones de los investigados”, agregó el abogado.
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“El principio – aun en los casos de corrupción más grave – debe seguir siendo la libertad durante el proceso, pero en estas investigaciones complejas donde se cuenta con información privilegiada de los propios cooperadores, es esencial asegurar que no existan acciones externas que puedan perjudicarlas“, añadió.
En conclusión, “esta situación de contar con numerosas detenciones en casos de corrupción, obedece a que las reformas en la legislación han permitido romper con los códigos de silencio que blindaban a las organizaciones criminales y la justicia ha tomado conciencia que estos procesos deben arribar en breve tiempo a sentencias definitivas que sirvan para que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones de la democracia”.