El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, arranca el sábado una nueva etapa de confrontación con el gobierno al declarar la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro,
que jurará el próximo jueves su segundo mandato. La decisión, simbólica, coincide con la renovada presión internacional para que se convoque nuevamente a elecciones en el país caribeño.
Luego de tres años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechará el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el mandatario, que se prepara para iniciar su segundo mandato de seis años, luego de haberse proclamado vencedor de los comicios de mayo pasado, cuestionados dentro y fuera del país y considerados ilegítimos por gran parte de la comunidad internacional, tal como reiteraron 13 de los 14 países del Grupo de Lima -entre ellos la Argentina- en una dura declaración el viernes.
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Horas antes del inicio de la sesión para inaugurar la nueva legislatura, este sábado por la mañana, diputados opositores denunciaron el hallazgo de una granada fragmentaria a las puertas del salón de debates, en la Asamblea Nacional (Parlamento). Pero la información no fue confirmada oficialmente.
El artefacto fue encontrado por militares y retirado por el servicio de inteligencia, dijo el diputado Luis Silva, mientras su colega Delsa Solórzano lo consideró una “amenaza” y acusó a los uniformados de su colocación.
Los alrededores del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de la capital, amanecieron tomados por decenas de guardias nacionales que restringieron el paso de vehículos y personas al lugar.
La nueva directiva de la Asamblea Nacional ratificará este sábado el desconocimiento a la reelección de Maduro y declarará su ilegitimidad para el segundo mandato, adelantó el diputado opositor Edgar Zambrano, quien asumirá como primer vicepresidente del Congreso.
La Asamblea Nacional rotulará a Maduro como “usurpador” un día después de que el Grupo de Lima, un bloque de 14 países americanos apoyado por Estados Unidos, exhortara al mandatario a no asumir el próximo jueves y ceder el poder al Legislativo hasta que se realicen elecciones libres.
Caracas acusó a los 13 países latinoamericanos del grupo que formularon el pedido de “alentar un golpe de Estado” por instrucciones de Washington. México fue el único país que no firmó la declaración. El gobierno de centroizquierda de Manuel Andrés López Obrador envió a un representante a la cumbre de cancilleres del grupo en la capital peruana, pero no adhirió al pedido.
El gobierno de Caracas no tardó en responder el pronunciamiento. El canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de “alentar un golpe de Estado” al intentar desconocer al gobierno y las instituciones, y dijo que Venezuela responderá bajo el principio de reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno.
Arreaza ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro y remarcó que ue tomará posesión el 10 de enero como lo establece la Constitución por lo que “no requiere de la venia de ningún gobierno extranjero”.
Mientras las tensiones internas y externas se intensifican, la crisis económica y social continúa profundizándose en Venezuela ante el vertiginoso avance de la hiperinflación que alcanzó los siete dígitos y la paralización del aparato productivo.
Divisiones en la oposición
“Estamos ante un hombre que se robó una elección (…), no vamos a tener más que un usurpador. No podemos reconocer a Maduro como presidente”, dijo la diputada Solórzano a AFP.
Maduro, de 56 años, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Legislativo, único ente que controla la oposición.
Denunciando un “fraude” para perpetuar al gobernante socialista, los principales partidos opositores boicotearon las elecciones, mientras sus mayores figuras estaban inhabilitadas o encarceladas.
Solo un rival de peso, el disidente chavista Henri Falcón, desafió a Maduro, ahondando las divisiones entre los oponentes de Maduro, cuya reelección también desconoció la Unión Europea.
El desconocimiento de Maduro en el Parlamento, sin embargo, no tendrá efecto pues sus decisiones son anuladas por el máximo tribunal -de línea oficialista-, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016.
Ya en enero de 2017 el bloque opositor declaró a Maduro en abandono del cargo, al culparlo de la grave crisis económica que provocó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015. La medida no pasó de ahí.
Aunque la legisladora Manuela Bolívar señaló a AFP que la decisión de desconocer a Maduro es unánime, sectores opositores presionan para que el Parlamento vaya más lejos.
Dos de los líderes más radicales, Antonio Ledezma y María Corina Machado, exigen que el Legislativo instale este sábado un “gobierno de transición” para llenar el vacío que aseguran dejará Maduro. Piden apoyo de la Fuerza Armada.
Pero no parece haber ambiente para nombrar un gobierno paralelo, lo que presagia nuevas fracturas en la oposición, entrampada además en luchas por el liderazgo.
Maduro, confrontado a fuerte rechazo popular pero con influencia en los demás poderes públicos, dice que lo tiene sin cuidado el reconocimiento de la oposición o de países que podrían romper o bajar el nivel de las relaciones, y cercarlo financieramente, como plantea el Grupo de Lima.
“Me acusan de dictador para justificar cualquier cosa”, sostiene el heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), que asegura que su reelección fue “democrática” y que sus adversarios están desintegrados, no por culpa suya, sino por su “dependencia” de Estados Unidos.
Fuente: AFP y AP