Unos 300 agentes de fuerzas federales comenzaron a desplegarse este sábado en el estado brasileño de Ceará, en el nordeste del país, que esta semana fue sacudido por una ola de
vandalismo que pudo ser orquestada por bandas que operan desde las cárceles.
El despliegue de las tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en ese estado fue autorizada por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, tras decenas de ataques incendiarios que las autoridades locales temen que puedan ser una respuesta a medidas para endurecer las normas en las cárceles.
Esas medidas fueron anunciadas esta semana por el gobernador de Ceará, Camilo Santana, del opositor Partido de los Trabajadores, y apuntan a reforzar los controles internos a fin de restarles poder a bandas delictivas cuyos jefes actúan en el interior de los presidios, con cientos de cómplices en las calles.
Fuego. Vehículos incendiados este jueves en la ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil, en el marco de una ola de ataques. /AP
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Los atacantes incendiaron en estos últimos días una veintena de ómnibus, prendieron fuego estaciones de servicio, balearon agencias bancarias, además de vandalizar edificios e instalaciones públicas. Muchos de los comercios de la región han permanecido cerrados y los residentes se han visto obligados a quedarse en sus hogares.
Los ataques en varias regiones de Ceará, incluida la turística ciudad de Fortaleza, capital regional, no cesaron después de que este viernes se anunciara el envío de las tropas federales.
Según las autoridades locales, en la madrugada de este sábado fueron lanzadas bombas incendiarias contra el estacionamiento de un centro comercial en Fortaleza y hubo otros ataques en el interior del estado.
Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Caucaia, donde un camión que transportaba unos 2.000 pollos vivos fue incendiado. El conductor del vehículo fue sometido por los asaltantes, que lanzaron una bomba incendiaria que redujo a cenizas tanto el camión como las aves.
Fortaleza fue una de las ciudades afectadas el año pasado por una guerra de mafias carcelariasrivales que dejó más de un centenar de muertos en las prisiones.
La situación en esa región del noreste supone la primera prueba para las políticas de seguridad de Bolsonaro, el ultraderechista que asumió el poder el pasado 1 de enero y que, en su campaña electoral, tuvo entre sus principales banderas el endurecimiento del combate al crimen, que en Brasil causa anualmente unas 60.000 muertes.
Fuente: agencias