La Corte Suprema de los Estados Unidos podría emitir la semana próxima un fallo sobre la expropiación de YPF durante la época del kirchnerismo que podría costarle a la Argentina unos
3.000 millones de dólares.
Lo que está por ahora en debate no es el caso de fondo sino un tema de jurisdicción: se busca dirimir si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o puede trasladarse a Buenos Aires, como reclama el Gobierno argentino. La estrategia oficial es llevar el juicio a la Argentina para resolver en la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que tras un proceso de quiebra se quedó con las compañías del Grupo Petersen accionistas de la petrolera y con los derechos a entablar el juicio.
El tema ya recibió dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense, que debe resolver entre tres opciones: si acepta tratar la apelación, si la rechaza o si pide la opinión de un tercero, que en este caso sería la administración de Estados Unidos.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Según fuentes consultadas por Clarín, la alternativa de que el Tribunal acepte tratar el tema -que en su encuentro de este viernes ni siquiera lo consideró- parece bastante improbable, y verían como un éxito si la Justicia accede a pedir el consejo del gobierno de Donald Trump, porque descuentan que la actual sintonía entre el presidente estadounidense y el argentino desembocaría en un apoyo de Washington.
La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda -cuyos derechos compró el fondo de inversión Burford por 15 millones de euros- por la doctrina del “Act of State”, que determina que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. Explican que la expropiación de YPF es constitucional, fue avalada por el Congreso argentino y que es un acto de un estado soberano, por lo que debería ser tratada por tribunales locales.
Los abogados de Burford argumentan, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista la Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.
Si la Argentina recibe un rechazo del Tribunal –la opción que aparecería como más probable— “no se cae el mundo”, dicen las fuentes. Porque, definida la jurisdicción en Estados Unidos, el caso comenzaría a tratarse desde foja cero y su resolución podría demorar varios años. La demanda por ahora es de un monto indeterminado, pero analistas del mercado consideran que gira en torno a los 3.000 millones de dólares. Pero también puede reactivarse un discovery process, que desataría una investigación sobre los dueños del fondo Burford, cuya parte permanece en anonimato.
El Grupo Petersen siempre aclara que “está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior” porque con posterioridad a la toma de control de YPF por parte del Estado se quedaron sin acciones de la compañía.