Se aceleran los tiempos para que la Justicia decida si Andrea del Boca cometió irregularidades en la realización de su novela Mamá Corazón, financiada por el ex ministro de Planificación,
Julio De Vido, a través de la Universidad de San Martín (UNSAM), durante la gestión kirchnerista.
El fiscal Gerardo Pollicita tomó la decisión de pedir que se eleve a juicio oral y público esa causa, ya que se agotaron todas las medidas de prueba necesarias para la investigación.
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El juez federal Sergio Ramos lo había notificado esta semana para que dictamine sobre la elevación a juicio oral por defraudación al Estado. El fiscal ahora está de licencia, pero ya decidió elevar la causa en los primeros días de febrero.
Una vez que el fiscal Pollicita emita el dictamen, el juez Ramos le dará traslado a los abogados defensores de los acusados y estará en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público.
El juez Ramos ya procesó, a mediados del año pasado, al ex ministro De Vido como autor del delito de defraudación y le trabó un embargo por $ 60 millones; mientras que la actriz y productora fue procesada como “partícipe necesaria”, al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente. A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada.
En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que “la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”. Y agregó que eso respondió a una “voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes”.
El objetivo era que la novela fuera “financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces”, señaló el magistrado.
Es que la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.
Andrea del Boca con Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Guillermo Moreno y Mario Ishii, en recorrida de campaña electoral. Foto DyN/Presidencia
Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, cuando el actual gobierno suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.
El magistrado indicó que no se cuestiona la “aptitud y/o calidad artística” de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio “la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente”, dijo Ramos.
La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, “sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos”.
Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que “no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo”.
El fiscal Pollicita debe dictaminar si también eleva a juicio oral a los otros procesados por el juez Ramos: Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM; Liliana Mazure, ex titular del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto); Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, secretarios de la UNSAM; y los ex funcionarios K Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
Es que además de la novela Mamá Corazón, el juez investiga las irregularidades cometidas en el contrato de la serie El Pacto, también financiada por De Vido, pero a través del INCAA. La ex titular de ese organismo fue procesada y embargada en $ 5 millones, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La serie “El Pacto” era sobre el relato kirchnerista en torno a Papel Prensa y la hizo la productora Tostaki, que recibió $ 4,55 millones. Esa miniserie contó con la participación en el guión de la esposa de Guillermo Moreno, Marta Cascales. Y se emitió por televisión a fines de 2011.
“Hubo una innecesaria tercerización que significó que un diez por ciento del dinero asignado al presupuesto del ex Ministerio de Planificación fuera destinado a la institución educativa, pese a que la organización del concurso fue delegada íntegramente en el INCAA”, planteó el juez Ramos. Y agregó: “La pregunta que se impone y que genera suspicacia es por qué no se gestionó el concurso directamente con el INCAA, sin la intermediación de la UNSAM”.