Apoyado en los votos que le dieron la Presidencia, Jair Bolsonaro autorizó una purga política en la administración estatal para eliminar simpatizantes de izquierda que ejerzan cargos de confianza en los
ministerios. Según argumentó, de esa manera podrá aplicar sin trabas internas su programa de gobierno.
La decisión fue adoptada en la primera reunión del llamado Consejo de Gobierno, que integra todo el Gabinete. “Es la única manera de poder gobernar con nuestras ideas, nuestros conceptos y hacer lo que la sociedad brasileña decidió por mayoría: terminar con las ideas socialistas y comunistas que durante 30 años nos llevaron al caos en que vivimos”, afirmó Onyx Lorenzoni, ministro jefe de la Casa Civil, al anunciar la medida.
El presidente Jair Bolsonaro analizó el tema esta tarde en reunión de Gabinete. (AFP)
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La frase de Lorenzoni tiene un detalle significativo. El período de 30 años al que se refiere abarca a todos los gobiernos elegidos por voto directo después de la dictadura militar (1964-1985).
En la Casa Civil, ministerio que articula las tareas del gobierno, ya fueron exonerados 300 empleados que tenían cargos de confianza, es decir, cuyo nombramiento depende de la administración de turno y no de un concurso público. Según Lorenzoni, algunos de los cesados podrán ser nuevamente contratados siguiendo criterios técnicos y una posterior “evaluación” sobre su alineación ideológica.
“No tiene ningún sentido que mantengamos en un gobierno con un perfil como el nuestro a personas que defienden otra lógica, otro sistema político, otra organización de la sociedad”, señaló. Y remató: “Estamos teniendo el coraje de hacer lo que tal vez le haya faltado al gobierno saliente: ir limpiando la casa ya desde el comienzo”.
El presidente Jair Bolsonaro junto a su jefe de Gabinete, Onyx Lorenzoni. (AfP)
La purga se aplicará en todos los sectores de la administración pública, en los que será revisada la situación de las personas contratadas temporalmente, en su mayoría para cargos considerados “de confianza”. Lorenzoni detalló que los “criterios” para decidir la situación de los funcionarios también serán “técnicos” y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si esos cargos volverán a ser cubiertos o si serán definitivamente eliminados.
En la reunión, la primera que Bolsonaro celebra con todos sus ministros desde su toma de posesión, el pasado 1 de enero, también se decidió que cada ministerio hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios.
“Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles” en todo el país, “lo que causa gastos inmensos de mantenimiento”, indicó Lorenzoni. Agregó que hay ministerios que pese a contar con predios propios “alquilan otros espacios, lo cual no tiene ningún sentido” e infla un gasto público que el presidente está decidido a reducir al mínimo.
Ante las preguntas de los periodistas, Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios “absolutamente técnicos”, que fueron los que Bolsonaro le ofreció a los brasileños en su campaña electoral. “Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías”, afirmó.
