El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto por el que concede al Ministerio de Agricultura el poder para identificar y delimitar las tierras indígenas y de afrodescendientes,
una importante victoria para la industria agraria que los activistas observan con temor.
Bolsonaro, que tomó posesión del cargo el martes, dictó poco después una orden ejecutiva por la cual despoja a la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI), que se ocupaba de todos los asuntos relacionados con las comunidades nativas, de la tarea de localizar y delimitar estas tierras.
Según el texto, el Ministerio de Agricultura tendrá a cargo lo relacionado con “la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonía Legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombolas”, como se conocen popularmente en Brasil los terrenos de las comunidades afrodescendientes,
Qué pasó hoy | Te contamos las noticias más importantes del día, y que pasará mañana cuando te levantes
Recibir newsletter
Ahora, las funciones de FUNAI recaerán sobre un consejo interministerial integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Medio Ambiente, Derechos Humanos y Seguridad Institucional, si bien la cuestión de la tierra se desgajará a favor del primer Ministerio.
También ha transferido al Ministerio de Agricultura la regularización de las tierras quilombolas, que correspondía al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
El presidente ultraderechista comenzó así a cumplir sus promesas. Durante la campaña electoral, ya había anunciado su intención de abrir estos terrenos a la actividad comercial, en un claro gesto hacia el sector agrario, uno de los poderes fácticos de Brasil.
“Más de un 15 por ciento del territorio nacional está demarcado como tierra indígena y quilombola. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, explotadas y manipuladas por las ONG. Vamos a integrarestas ciudades y revalorizarlas para todos los brasileños”, escribió Bolsonaro en Twitter.
Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de um milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros.
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 2, 2019
En la misma línea, la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Da Costa Dias -una hacendada que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso- utilizó su discurso inaugural para defender a la industria agraria de quienes la acusan de crecer a costa del medio ambiente y de los derechos de indígenas y afrodescendientes.
“Brasil es un país con una legislación medioambiental extremadamente avanzada y es más que capaz de preservar sus bosques nativos. Nuestro país es un modelo a seguir, no un trasgresor al que castigar”, dijo Dias al tomar posesión del cargo.
Además, elogió a los empresarios del campo brasileño porque su innovación tecnológica -que “infunde miedo” a sus competidores- les ha permitido crecer “prácticamente sin aumentar el área” de explotación. Les ha prometido ayudar eliminando las barreras burocráticas.
Críticas de ambientalistas
Los críticos aseguran que sus planes de abrir reservas indígenas a la actividad comercial destruirán culturas e idiomas nativos al integrar a las tribus en la sociedad brasileña.
Los ambientalistas aseguran que los pueblos nativos son los últimos custodios de la Amazonia, la mayor selva mundial, que es vital para la estabilidad climática.
La organización ecologista Greenpeace calificó de “extremadamente preocupante” una decisión que pone en riesgo “los derechos originales de los pueblos indígenas” y “el futuro de las florestas, pues son las áreas protegidas la forma más eficiente de evitar la deforestación”.
Brasil cuenta actualmente con 462 reservas indígenas que se extienden por un área equivalente al 12,2% del territorio nacional, en su mayoría en la Amazonia, destinada a los cerca de 900.000 indígenas del país.
En el primer día de gobierno de Bolsonaro, también fue transferido al Ministerio de Agricultura el Servicio Forestal Brasileño, un órgano que estaba vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y que tiene como responsabilidad la reforestación en áreas devastadas y las políticas para regular la explotación sustentable de regiones selváticas.
El ex capitán que llegó al gobierno tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en octubre ha proclamado a Brasil “libre del socialismo y de la corrección política”. Su “hoja de ruta”, similar a la de Donald Trump en Estados Unidos, contempla un giro proteccionista en lo comercial, una vuelta a “las tradiciones judeo-cristianas” en lo social y una guerra contra la corrupción y la violencia.
Fuente: agencias y La Vanguardia