De las estimaciones que figuran en el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario se desprende un ajuste significativo para los subsidios a la energía en los próximos años. En
2017 las transferencias a las empresas privadas del sector totalizaron $ 125.700 millones y este año $ 201.400 millones (aunque según el Ministerio de Hacienda terminará en $ 180.000 millones). Para 2019 se esperan $ 200.400 millones y…. $ 51.200 millones en 2020. “Quiere decir que el primer año de la próxima gestión arrancaría con otro ajuste en las tarifas”, interpreta un reconocido analista del sector .
Todos estos números figuran en las planillas anexadas al stand by con el FMI. Si bien se trata de estimaciones, éstas cobran relevancia de cara a los aumentos que el Gobierno anunció el jueves y el reemplazo de Javier Iguacel por Gustavo Lopetegui al frente de Energía.
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La suba de los subsidios a la energía se estima en 11% para 2019, una magnitud por debajo de la tasa de inflación esperada (cerca de 30%). Y en 2020, el recorte de subsidios daría $ 150.000 millones. Esto último será clave para que ese año Argentina tenga un superávit de 1% del PBI.
El FMI hará hincapié en la disminución de los subsidios a las empresas productoras de energía en las próximas revisiones. En el reporte último que el staff del organismo envió al Directorio Ejecutivo, sus economistas señalaron que “el Presupuesto 2019 prevé una reducción de los subsidios a la electricidad al aumentar las tarifas al 90% de los costos de la producción a fines de 2019”.
El recorte de los subsidios tiene como objetivo equilibrar las cuentas fiscales, una de las metas que Argentina se comprometió alcanzar con el organismo para mantener la asistencia del Tesoro. La contrapartida del ajuste, será más presión a la inflación como consecuencia de las subas de las tarifas. El FMI cree y planea contrarrestar estos fogonazos con la política monetaria del Banco Central (crecimiento cero de la base monetaria). Hay economistas que piensan que sin embargo ello no alcanzará porque las subas en los costos de los servicios públicos propagarán más la inercia inflacionaria sobre el resto de la estructura de costos.
Finalmente, la cuestión del déficit externo energético. En 2006 había un superávit de US$ 6.004 millones y en 2014 un rojo de US$ 6.583 millones, o sea, US$ 12.000 millones de diferencia en casi una década (ver infografía).
El gobierno de Mauricio Macri ha venido cerrando esa brecha en los últimos años y todo indica que seguirá esa tendencia. Para este año se espera un déficit más o menos similar al de 2017: US$ 3.308 millones. Este año, explican los expertos, no se registró una mejora más significativa porque si bien se incrementaron las cantidades exportadas de combustibles han sido más altos los precios internacionales y eso aumentó los costos de las importaciones.
Pero de lo que se trata, según varios economistas y hasta analistas del sector, es que se recreen las condiciones para que las empresas inviertan, produzcan más y la Argentina exporte más. Es lo que en economía se conocen como una visión de supply side, o sea, de alentar más la producción de los bienes aumentando su oferta y que de ese modo bajen los precios. Se contrapone con la escuela que impulsa más el enfoque de demanda, esto es, de sostener los costos de las tarifas para así alentar el consumo de energía.
Las tarifas energéticas en la Argentina se mantuvieron congeladas desde la salida de la convertibilidad. Eso alentó un enfoque de demanda y, para muchos, explicó que el país terminara importando energía (ver infografía). El Gobierno busca revertir ese proceso.