La ex presidenta llegó a la Corte con un recurso de queja presentado por su defensor Carlos Beraldi, pero el máximo tribunal, de manera unánime y con
“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, expuso la Corte, marcando cuales son los recaudos para habilitar su intervención.
Luego de que en marzo último el juez federal Julián Ercolini elevara la causa a juicio, la ex jefa del Estado había impugnado el sorteo en el que salió designado el TOF 2, porque sus abogados no pudieron presenciarlo.
Pero la Cámara Federal de Casación Penal consideró que el sorteo se trataba de un “acto administrativo” y rechazó el planteo de nulidad primero y luego el recurso extraordinario contra esa sentencia.
La causa, en la que también están procesados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el empresario, Lázaro Báez, (ambos detenidos), entre otros, se originó en 2016 por denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.
Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez”, por un valor superior a los $ 46.000.000.000.