Miembros del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles mostraron su preocupación por la situación en la que se encuentran las prisiones federales, particularmente por la creciente superpoblación de reclusos. Lo hicieron
a través de una carta que enviaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
El documento, que contó con el aval de todos los miembros del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, fue suscripto por el juez federal y presidente del Sistema, Gustavo Hornos; por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, además de jueces y fiscales de distintas instancias y jurisdicciones, entre otros.
Los firmantes advierten en la misiva que existe sobrepoblación en las cárceles federales de todo el país y que la tasa ha aumentado de forma exponencial en los últimos años.
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Además, anticiparon que la situación se verá agravada por el traslado de personas detenidas en el ámbito del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires y provenientes de los destacamentos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
“Los crecientes niveles de sobrepoblación y hacinamiento producen situaciones de mayor restricción indebida de todos los derechos de las personas privadas de la libertad (violencia, atención médica, alimentación, contacto familiar, entre otras) en contradicción con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala la nota según informa el Centro de Información Judicial.
Por eso, el Sistema expresó su inquietud y señaló la obligación permanente de compatibilizar las instituciones carcelarias con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, especificados en los tratados internacionales de derechos humanos y particularizados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela–.