A Franco Ficcadenti se le acabaron las esperanzas de poder viajar a Frankfurt antes de fin de año. La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó la decisión del juez Walter López
Da Silva de rechazar el pedido de autorización de uno de los cuatro integrantes de la familia acusada de integrar una asociación ilícita fiscal junto a Lázaro y Martín Báez.
Por lo tanto, Ficcadenti, deberá estar en el país cuando en los próximos días el magistrado resuelva su situación procesal y de los otros 13 involucrados en la maniobra que habría dañado al fisco en 673 millones de pesos.
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“La denegatoria de salida del país luce como una restricción mínima, ajustada a derecho y fundada en las circunstancias objetivas del proceso”, fallaron los jueces Roberto Amábile y Silvia Fariña para rechazar el pedido del empresario bahiense.
Además de resaltar que Ficcadenti no precisó la finalidad de su viaje a Alemania, los jueces valoraron la vinculación del delito que se investiga “con otras causas en las que se investigan maniobras de corrupción, principalmente relacionadas con los sobreprecios de la obra pública”.
Para el juez Sebastián Casanello, la asociación ilícita fiscal montada en Bahía Blanca, es uno de los delitos precedentes que le permiten sostener la acusación por lavado contra Lázaro Báez.
Explicaría buena parte del origen ilícito de los fondos que el empresario patagónico habría blanqueado. Casanello además procesó este año por encubrimiento a Ricardo Echegaray, a raíz del cierre, en agosto de 2012, de la dirección regional bahiense de la AFIP donde se inició la investigación contra Báez y los empresarios bahienses. Además de los Ficcadenti, están imputados cuatro miembros del grupo Ferreyra, dos del grupo Pedraza, el financista Néstor Piñeiro y el contador Rogelio Chanquía, de vínculos con Juan Ignacio Suris.
Tanto Suris como Chanquía están acusados también por lavado de dinero en otra causa que tramita ante el mismo juzgado federal uno de López Da Silva, quien retomó la investigación a fines de 2016 cuando asumió en el cargo.
A los pocos días de indagar a Chanquía y ordenar una serie de allanamientos, la mayoría K en el Consejo de la Magistratura desplazó en junio de 2015 a Santiago Ulpiano Martínez y designó en su reemplazo al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Durante el interinato de seis meses del integrante de Justicia Legítima en el juzgado bahiense, el expediente se frenó y por eso López Da Silva pidió que se lo investigue, como informó Clarín.
En el juzgado bahiense entienden que las empresas de los Ficcadenti no tenían capacidad económica para las actividades que detallan las facturas entregadas a Austral Construcciones. “Se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaban y en los que además se declaraban precios mayores a los que efectivamente se cobraban” sostiene la acusación. Agrega que el sistema planteado de esa manera “se encargaba de proveer de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes a cambio de sumas de dinero, permitiendo a los compradores de las facturas truchas (también integrantes de la asociación ilícita fiscal) disminuir de modo fraudulento su carga tributaria”.
A comienzos de mes, la Corte Suprema de la Nación rechazó un pedido de nulidad del requerimiento de instrucción que abrió la investigación a fines de 2014. Había sido presentado en febrero de 2017 por el abogado de Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. A través de Grupo Penta y Cía S.A, Calvento S.A. y Terrafari S.A. proveyeron de facturas apócrifas a Austral Construcciones, lo que habría permitido la simulación de obras públicas, el pago de sobreprecios y evasión tributaria, según la acusación. En el juzgado federal 1, sostienen que en los próximos días se resolverá la situación procesal de los 14 imputados.