Después de más de un año y medio, el fiscal Franco Picardi desestimó la acusación contra los diputados nacionales del Pro, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, en la causa que
le había iniciado un grupo de 8 diputados kirchneristas que los denunciaron por presunto fraude, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública, por la negociación de compra de armamento a Estados Unidos por 2 mil millones de dólares.
Diputados Luciano Laspina. Foto: Alfredo Martínez
La denuncia en marzo de 2017 se había basado en una carta del entonces embajador en Washington Martín Lousteau, filtrada por el sitio El Destape y fechada en junio de 2016, a un miembro de la subcomisión de Defensa de la Cámara de Representantes que aprobaba las ventas de armas de Estados Unidos, Peter Visclosky.
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Lousteau hacía una lista de un arsenal de armamento por 2 mil millones de dólares y mencionaba una reunión de Amadeo y Laspina con el congresista para analizar formas de cooperación en este asunto.
Los diputados argentinos no desconocieron la reunión, pero dijeron que era una donación de material bélico que ya no utilizaba EE.UU.
Ante la denuncia penal del kirchnerismo -firmada entre otros, por Héctor Recalde, Axel Kicillof, Diana Conti y Rodolfo Tailhade- ambos plantearon cuestiones de privilegio en la primera sesión posterior en la Cámara de Diputados, y acusaron a los K de hacer una “falsa denuncia”.
Los diputados K pidieron la interpelación de los entonces ministros de Defensa, Julio Martínez, y de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra; e incluyeron en la acusación a Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El fiscal no los imputó en la investigación, y tampoco a Lousteau.
Hasta Cristina Kirchner se subió a la ola de la denuncia, al sostener con gravedad que se trataba de “la mayor compra de los últimos 40 años” y que “las últimas adquisiciones de esa magnitud y naturaleza fueron realizadas por la dictadura cívico-militar”.
Desde el PRO indicaron ahora que el sobreseimiento fue en una causa que “se suma a la larga lista de denuncias falsas en las que incurre en su desesperación el kirchnerismo.
El fiscal Picardi determinó que los legisladores obraron de buena fe a favor de la modificación del equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas. No sólo determinó que no cometieron delito alguno sino que quedó de manifiesto que realizaron durante su viaje a Estados Unidos [oficialmente a reuniones del Banco Mundial y del FMI] una gestión de carácter político en pos de modificar un estado de situación presupuestario para lograr el correcto equipamiento de las Fuerzas Armadas”.
Picardi fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial en el gobierno de Cristina Kirchner. De afinidad con La Cámpora, llegó en 2015 a la fiscalía de Comodoro Py, por concurso.
La denuncia K había sido rechazada entonces desde el Ministerio de Defensa, donde dijeron que no se compraba nada porque “no hay un peso. Querríamos el equipamiento porque las Fuerzas Armadas están diezmadas, pero no hay plata”.
Todo esto sucedió antes de la tragedia del ARA San Juan, que pondría más crudamente en evidencia la situación crítica presupuestaria y de falta de equipamiento en las Fuerzas Armadas.