El Gobierno reglamentó el régimen de la Factura de Crédito Electrónica (FCE), que reducirá el costo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
A través de tres resoluciones del Ministerio
de Producción y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se implementó este sistema que permitirá a las pymes tener una opción de financiamiento más accesible.
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La idea de este instrumento es que las pymes puedan aumentar su productividad mediante el cobro anticipado de los créditos y documentos por cobrar.
El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, destacó que “la generalización de la factura electrónica conformada mejorará el acceso al financiamiento y promoverá la formalización en las cadenas de valor“, además de ser “un gran paso en la lucha contra la evasión y el acceso al crédito”.
Cómo funciona
El régimen arrancará con el sector automotriz, y permitirá que las empresas proveedoras del sector decidan cómo y con quién cobrar sus facturas.
A partir de enero, en todas las operaciones entre una pyme y una gran empresa del sector automotriz las Facturas de Crédito Electrónicas serán obligatorias; mientras que entre pymes será optativa.
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Una vez que la automotriz valide y acepte la Factura, la pyme podrá esperar el cobro de la empresa grande o transferir la factura a una cuenta comitente registrada en la Caja de Valores.
La factura conformada podrá ser a partir de ahí negociada, tanto en el sector financiero como en el mercado de capitales. A la fecha de vencimiento la automotriz transferirá el importe al CBU de la Caja de Valores, que le pagará al inversor que en ese momento tenga el documento.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Simplificación Productiva y en el micrositio Factura de Crédito Electrónica habrá información detallada sobre el procedimiento.
Además, la AFIP emitirá alertas al domicilio fiscal electrónico de todos los actores involucrados como recordatorios de las acciones y plazos a cumplir.
En otros países de la región, como Chile, herramientas como la factura electrónica llegan a representar un 10% del PBI, contra sólo un 0,3% en Argentina.