La Cámara federal porteña confirmó el primer tramo de una de las investigaciones realizadas sobre Odebrecht y sus socios locales, por supuestas coimas en el contrato para la construcción de dos
plantas potabilizadoras de AySA.
El juez Sebastián Casanello había procesado por administración fraudulenta a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, los dueños de Cartellone, como también a los ex funcionarios de AySa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo.
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Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia confirmaron las acusaciones de primera instancia.
Además, a los procesados, Casanello les dictó la prohibición de salida del país y trabó embargos por 700 millones de pesos para los funcionarios y a los empresarios por entre 200 a 500 millones.
El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. A raíz de estas maniobras, en este expediente se investigan dos obras adjudicadas a Odebrecht y que habrían tenido diversas irregularidades, según determinó la Justicia.
La empresa Odebrecht acusada de corrupción.
En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”. Estas maniobras fueron confirmadas por los camaristas de la Sala I.
En consecuencia, hubo una “ficción sobre el mejor precio” y ambas obras -la planta de Paraná de las Palmas y otra en Berazategui- expusieron “la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas”.
La investigación contó con un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez, que expuso una serie de “groseras irregularidades” y patrones en común en ambas contrataciones. “El comportamiento de los funcionarios públicos como el del sector privado muestran la manipulación de los procesos licitatorios”, indicó el informe.
La planta potabilizadora de agua de Paraná de Las Palmas (Tigre) fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones a 2.600 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%. La obra se demoró 8 años, y se terminaron abonando 6.400 millones de pesos.
Las obras de AySa bajo investigación.
La otra obra, una planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.
Con cinco adendas firmadas para la redeterminación de precios, se terminaron pagando casi 860 millones de pesos.
En ambos contratos, según confirmó la Cámara Federal porteña, participaron “firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato”, la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras.
Julio De Vido, José López y el ex titular de AySa, Carlos Ben.
Durante la investigación, se determinó que en ambas obras “existió un modo de direccionamiento y quiebre de las obligaciones que debían asumir los funcionarios”.
Para Casanello, las líneas de financiamiento fueron acordadas con anterioridad a que la empresa AySA hiciera pública su voluntad de contratar”, lo que para el juez muestra “los acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”. Este planteo fue avalado por Bertuzzi y Bruglia.
Los elementos de prueba colectados “dan cuenta no sólo de un direccionamiento, sino de diversas ventajas aseguradas a las empresas a medida que se desarrollaron los procesos de licitación”. Así, una vez adjudicadas las obras se realizaron “numerosas modificaciones al contrato que habían suscripto (redeterminación de precios, ampliación de plazos, etc.), contraviniendo el principio de igualdad y la defensa del interés de la Administración”, indicó el juez.