El impacto directo sobre las cuentas públicas del fallo de la Corte conocido ayer se puede dividir en dos partes: cuánto subirán los haberes mensuales de los 11.700 casos que ya
tienen sentencia firme y cuánto les corresponderá a estos mismos jubilados por el recálculo del retroactivo, que tomará como base un índice mucho mayor. En el Gobierno tienen más o menos claro la primera parte. Tomando como promedio estimado un haber mensual de $ 20.000, y un ajuste promedio del 30% sobre los actuales haberes, la ANSeS se vería obligada a pagar unos 950 millones más de pesos por año. El ministro Dujovne habló de $ 700 millones.
Pero el grueso de la erogación que deberá enfrentar la ANSES, obviamente, es por el pago del retroactivo. A trazo grueso, se calcula que el fallo duplica el monto que tiene derecho a cobrar cada uno de esos 11.700 demandantes. Pero claro, el monto del retroactivo depende de cada caso, teniendo en cuenta los salarios que percibían, qué años de ajuste se están reclamando y qué inflación se observó en dichos años.
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A estos casos hay que sumar los más de 100.000 juicios iniciados que podrían terminar siendo beneficiados por el fallo de la Corte.
Para los funcionarios, el esfuerzo presupuestario que deberán afrontar se verá a pleno más adelante, posiblemente a partir de 2020. Y también recordaron que la ANSeS tiene una partida específica para pagar sentencias firmes fijado por el Congreso en cada Ley de Presupuesto.
Como sea, la decisión de los jueces de la Corte aparece justo cuando el Gobierno hace un dogma de la recorte del gasto público para llegar al equilibrio fiscal primario . “Claramente este fallo va en contra de nuestra política de contención del gasto y puntualmente contra nuestra estrategia de disminuir la litigiosidad previsional” señalan en el ministerio de Hacienda. Lo que está claro es que cada “retoque” que se le hace a las jubilaciones en particular, o al gasto social en general, tiene un impacto determinante sobre el presupuesto, dado que la seguridad social se lleva casi el 60% del Presupuesto Nacional.
El Gobierno apostó a la ley de reparación histórica para reducir un pasivo contingente gigantesco, representado por las cientos de miles de causas iniciadas en el fuero de la seguridad social por ajuste jubilatorios.
Las evidentes dificultades para modificar el gasto previsional se vieron claramente -en el Congreso y en la calle- cuando se modificó la fórmula de ajuste de las jubilaciones en diciembre de 2017.