En esta foto de archivo del 13 de abril de 2010, miembros de la Milicia Nacional Revolucionaria sostienen sus armas y una pintura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un evento que conmemora el noveno aniversario del regreso de Chávez al poder después de un golpe de estado fallido en 2002, en Caracas, Venezuela. Por Hollie McKay
CUCUTA, frontera entre Venezuela y Colombia: mientras Venezuela continúa desmoronándose bajo la dictadura socialista del presidente Nicolás Maduro, algunos están expresando palabras de advertencia y resentimiento contra un proyecto de ley de control de armas de seis años que despojó a los ciudadanos de sus armas.
“Las armas de fuego habrían servido como un pilar vital para seguir siendo un pueblo libre, o al menos capaces de luchar”, dijo a Fox News Javier Vanegas, de 28 años, un profesor de inglés venezolano ahora exiliado en Ecuador. “Las fuerzas de seguridad del gobierno, al comienzo de esta debacle, sabían que no tenían una oposición real a su fuerza. “Una vez que las cosas fueron tan malas, fue una clara declaración de guerra contra una población desarmada”.
Bajo la dirección del entonces presidente Hugo Chávez, la Asamblea Nacional de Venezuela en 2012 promulgó la “Ley de Control de Armas, Municiones y Desarme”, con el objetivo explícito de “desarmar a todos los ciudadanos”. La ley entró en vigencia en 2013, con un mínimo el rechazo de algunas figuras opositoras a favor de la democracia prohibió la venta comercial legal de armas y municiones a todos, excepto a las entidades gubernamentales.
Inicialmente, Chávez dirigió un programa de amnistía de un mes de duración alentando a los venezolanos a cambiar sus armas por productos eléctricos. Ese año, solo se registraron 37 entregas voluntarias de armas, mientras que la mayoría de las incautaciones, más de 12,500, fueron por la fuerza.
En 2014, con Nicolás Maduro al mando tras la muerte de Chávez, pero llevando a cabo sus políticas socialistas “chavistas”, el gobierno invirtió más de $ 47 millones para hacer cumplir la prohibición de armas, que desde entonces ha incluido grandes exhibiciones de demoliciones públicas de armas en la plaza del pueblo.
Un ex dueño de una tienda de armas dentro de Venezuela, quien dijo a Fox News que ahora ha sido relegado a vender suministros de pesca desde la prohibición, dijo que no puede vender ningún tipo de armamento, ni siquiera una honda, y subrayó que incluso las municiones de BB y las armas de airsoft Solo se emiten a policías y militares.
El castigo por portar o vender un arma ilícita ahora es de 20 años tras las rejas.
CARACAS, VENEZUELA – 4 DE MARZO: Una pegatina en la ventanilla de un auto honra al ex presidente venezolano Hugo Chávez cerca del cuartel militar donde se sepulta a Chávez el 4 de marzo de 2014 en Caracas, Venezuela. (Foto por John Moore / Getty Images) (2014 Getty Images)
Antes de la reforma de 2012, solo había alrededor de ocho tiendas de armas en todo el país. Y el proceso de obtener un permiso legal para ser propietario y portador estuvo plagado de largas filas de espera, altos costos y sobornos “para agilizar el proceso” en el único departamento autorizado para emitir licencias, que operaba bajo el paraguas del Ministerio de Defensa.
“A los venezolanos no les importó lo suficiente. La idea de tener los medios para proteger su hogar fue vista como solo necesaria en los campos. Las personas nunca hubieran creído que necesitaban defenderse contra el gobierno ”, explicó Vanegas. “Los venezolanos evolucionaron para esperar siempre que nuestro gobierno no fuera tiránico, no violara los derechos humanos y que siempre tuviera un control suficientemente bueno de la criminalidad”.
Dijo que no tomó mucho tiempo para que una percepción pública tan amplia de ojos se desmoronara. “Si las armas hubieran sido una parte más importante de nuestra cultura, si hubiera habido un sentido del deber para proteger sus derechos individuales, y como una demostración de fuerza contra un poder del gobierno – y si el transporte legal hubiera sido algo común, sería Han hecho una gran diferencia “, se lamentó.
Desde abril de 2017, casi 200 manifestantes en favor de la democracia en Venezuela, armados en su mayoría con piedras, fueron abatidos a tiros por las fuerzas del gobierno en represalia brutal a su llamado a terminar con el régimen socialista opresivo. La otrora nación rica en petróleo ha continuado su espiral descendente hacia la ruina financiera, la violencia extrema y las violaciones masivas de los derechos humanos. Se estima que tres millones de venezolanos se han visto obligados a huir desde 2015.
“Venezuela muestra el peligro mortal cuando los ciudadanos se ven privados de los medios para resistir las depredaciones de un gobierno criminal”, dijo David Kopel, analista de políticas y director de investigación del Instituto de la Independencia y profesor adjunto de Derecho Constitucional Avanzado en la Universidad de Denver. “Los gobernantes venezolanos, al igual que sus amos cubanos, aparentemente vieron la posesión de armas por parte de los ciudadanos como un peligro potencial para un monopolio comunista permanente del poder”.
Más de tres millones de venzolanos han huido a la vecina Colombia desde la crisis de 2015.
Aunque el proyecto de ley se vendió a la población como un esfuerzo de línea dura para mejorar la seguridad y reducir drásticamente el crimen, muchos ahora señalan a Venezuela como un estudio de caso sobre cómo la prohibición de armas de fuego puede producir el efecto contrario.
EN LA CRISIS VENEZOLANA, LAS FAMILIAS NO PUEDEN INCLUSO A ENCARGAR ADECUADAMENTE A LOS MUERTOS
La tasa de crímenes violentos, ya alta, se disparó. En 2015, casi 28,000 personas fueron asesinadas, y la tasa de homicidios se convirtió en la más alta del mundo. Compare eso, según GunPolicy.org , una iniciativa internacional de investigación de políticas y prevención de armas de fuego, con poco menos de 10,000 en 2012 y 6,500 mil en 2001, el año antes de que Chávez llegara al poder.
La cantidad total de muertes por armas de fuego en 2013 se estimó en 14,622, habiendo aumentado constantemente de 10,913 en 2002. Mientras que el gobierno no registra datos completos en septiembre de este año, Amnistía Internacional declaró que Venezuela tenía una tasa de homicidios “peor que algunas zonas de guerra”. ”- 89 personas por cada 100,000 personas, y tres veces la de su vecino volátil Brasil.
Gran parte del crimen ha sido atribuido por analistas a pandillas respaldadas por el gobierno, a las que se hace referencia en español como “colectivos”, y que fueron puestas en marcha deliberadamente por el gobierno.
“Fueron creados por el gobierno para actuar como representantes y ejercer el control de la comunidad. Son los tipos de motocicletas en los barrios pobres, que mataron a cualquier manifestante “, dijo Vanessa Neumann, presidenta venezolana-estadounidense y fundadora de Asymmetrica, una firma de consultoría e investigación de riesgos políticos con sede en Washington, DC “La política de reforma de armas del gobierno fue sobre el control social. A medida que la ciudadanía se desesperaba más y estaba más hambrienta y enojada con la situación política, no querían que pudieran defenderse. No se trataba de seguridad; se trataba de un monopolio sobre la violencia y el control social “.
Entonces, mientras que los ciudadanos venezolanos fueron despojados de sus recursos legales para portar armas, los “colectivos” – establecidos por Chávez cuando llegó al poder – fueron legalmente encerrados y cargados. Considerados cruciales para la supervivencia de la dictadura socialista, la función de los “colectivos” para subyugar brutalmente a los grupos de oposición, al tiempo que salvan un poco de cara, ya que no son oficialmente fuerzas gubernamentales, sostienen los críticos.
Eduardo Espinel, de 35 años, quien se desempeña como representante de la población venezolana en rápido crecimiento en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, quien había huido de su nación enferma hace dos años bajo la amenaza de ser secuestrado por pandilleros locales, dijo que la ley había proliferado la violencia. Permitiendo a los colectivos disparar y matar legalmente y libremente.
“Todos los demás menos el ciudadano común. Esta ley exige el desarme de la gente común, pero todos los demás pueden llevar “, dijo Espinel. “El tipo de ley puede tener sentido en un país normal, pero en Venezuela no tiene sentido. Las personas se enfrentan al crimen y no tienen medios fáciles para defenderse “.
Eduardo Espinel, de 35 años, quien se desempeña como representante de la población venezolana en rápido crecimiento en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta, dijo que una ley de armas de fuego en realidad había proliferado la violencia en Venezuela. (Fox News / Hollie McKay)
Y Maribel Arias, de 35 años, quien una vez fue estudiante de leyes y ciencias políticas en la Universidad de Los Andes en su estado natal de Mérida, pero huyó a la frontera colombiana con su familia hace dos años, viviendo principalmente en las calles como ella y su esposo. turnarse para encontrar trabajos ocasionales, como vender agua y asistir a los baños, y al mismo tiempo compartir los deberes de crianza de cuidar a sus cuatro hijos, se lamentó de que simplemente no pueden confiar en la aplicación de la ley de la nación.
“El pueblo de Venezuela debe tener derechos para portar armas porque hay demasiado crimen y la gente debe tener derecho a defenderse porque el sistema de justicia no funciona”, afirmó Arias. “Si llamas a la policía, la policía viene solo si quieren. Si capturan al criminal, tal vez quiten lo que robaron, pero normalmente vuelven a ser libres. Es un ciclo vicioso “.
Maribel Arias, de 35 años, que huyó a la frontera colombiana con su familia hace dos años, que viven sobre todo en las calles mientras ella y su esposo se turnan para encontrar trabajos ocasionales y comparten las tareas de crianza de sus cuatro hijos, dijeron que los venezolanos no pueden confiar en el cumplimiento de la ley.
Muchos sostienen que la prohibición de las armas de fuego ha perjudicado de alguna manera a la policía y la policía, quienes se han convertido en un blanco más ferviente de las pandillas callejeras. Hubo un aumento del 14 por ciento en los asesinatos de la policía en 2016. Y más del 80 por ciento de los asaltantes posteriormente robaron el arma del oficial, según Insight Crime.
Algunos expertos sostienen que muchas de las armas y municiones utilizadas por los pandilleros estuvieron alguna vez en manos de las fuerzas gubernamentales y se obtuvieron a través del robo o la compra a individuos corruptos.
Y sumándose a la complicación, las filas de la fuerza policial están asediadas por el crimen y la corrupción. “Los delitos son cometidos por la policía, muchos de los criminales son policías”, dijo Saul Moros, de 59 años, de la ciudad venezolana de Valencia.
Luis Farias, de 48 años, de Margarita, dijo que la violencia con armas de fuego era realmente mala cuando las armas estaban disponibles para su compra. Pero empeoró mucho después de que se aprobó la prohibición de armas. “Ahora la madre criminal está desatada”, dijo Farías. “Tratar de prohibir las armas no sacó armas de las calles. A nadie le importa la ley; A los criminales no les importa la ley “.
“Los crímenes son cometidos por la policía, muchos de los criminales son policías”, dijo Saul Moros, de 59 años, de la ciudad venezolana de Valencia. (izquierda) Luis Farias, de 48 años, dijo que la violencia con armas de fuego era mala cuando las armas estaban disponibles libremente, pero empeoró mucho después de la supuesta prohibición. (Fox News / Hollie McKay)
Un mercado negro de armas también está prosperando. Se estima que hay seis millones de armas de fuego no registradas circulando en Venezuela, pero están lejos del alcance del venezolano promedio no criminal.
“El mercado negro de armas es muy activo, principalmente utilizado por criminales violentos”, dijo Johan Obdola, ex jefe antinarcóticos en Venezuela y ahora presidente de IOSI, firma global de inteligencia y seguridad con sede en Canadá y centrada en América Latina. “Los venezolanos que buscan protegerse del régimen son totalmente vulnerables”.
Los precios varían diariamente. Pero un rifle AR-15 cuesta alrededor de $ 500, dijeron las fuentes, mientras que las pistolas se venden por alrededor de $ 250. Esos precios están muy lejos del alcance del venezolano promedio.
“La mayoría de las armas se pueden comprar ilegalmente en una especie de estructura piramidal. Un gran grupo irregular u organización criminal tiene el mejor acceso a armas directamente del gobierno, y algunas veces incluso tienen acceso a armas básicamente nuevas que no se usan “, explicó Vanegas.” Mientras más larga esté en la pirámide, debe obtener su arma de la El gran grupo irregular más cercano que te domina dentro de tu territorio. Esta no es una opción para ninguna persona moral, debido al hecho de que necesita tratar con criminales para obtener un arma ilegal. Y por muchas razones obvias, la gente ni siquiera considerará esto “.
El gobierno venezolano niega que se encuentre en una crisis muy deteriorada, causada por sus propias políticas. Más bien, culpa a los líderes de los Estados Unidos y de la oposición por librar una “guerra económica”.
22 de febrero de 2014: un grupo de hombres enmascarados se refugian después de que la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos en Caracas, Venezuela. (AP)
Según Omar Adolfo Zares Sánchez, de 48 años, abogado, político y ex alcalde del municipio de Campo Elías en el estado venezolano de Mérida, ahora es demasiado tarde para hacer que las armas sean legalmente accesibles para la persona promedio.
“Sin lugar a dudas, si hubiera habido un equilibrio en la defensa armada, podríamos habernos levantado y haber detenido la opresión al principio”, sostuvo. “Pero ahora hay demasiada anarquía en las calles. Hacer que las armas sean más fáciles de comprar para cualquiera ahora iniciaría una guerra civil “.
Otros venezolanos sostienen que si bien la violencia ha aumentado rápidamente en los años posteriores a la prohibición de las armas, podría haber sido mucho peor a medida que la economía colapsó y el país se deterioró. “El problema desde el principio y aún ahora es que hay demasiadas personas en Venezuela que no tienen leyes. El crimen es una forma de vivir “, dijo Emberly Quiroz, de 25 años, madre de tres hijos. “El acceso a las armas no resolverá el problema”.
fuente foxnews