Despejemos el primer supuesto: la subterránea calificación social que la justicia logra en cualquier encuesta de opinión pública se debe a una histórica y abrumadora epidemia de impunidad respecto a las
causas de corrupción, y no a extravagantes “persecuciones políticas” contra “líderes populares”, ni mucho menos al último juguete retórico creado en los laboratorios de los acusados por delitos contra la administración pública de toda la región: un supuesto estado de guerra jurídica para encarcelar inocentes llamado “lawfare”.
Mientras en una olla sigue cociéndose a fuego vivo la controversia sobre la fórmula según la cual los jueces (y solo algunos) podrían llegar a pagar el impuesto a las Ganancias -que resisten con uñas y dientes-, la cámara de Casación dejó en la puerta de la Corte Suprema de Justicia otro presente griego: rompiendo con toda tradición y antecedentes, decidió aceptar y remitir al máximo tribunal la apelación a una condena por corrupción ya ratificada por esa misma Cámara; lo que en la jerga judicial se conoce como “doble conforme”.
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Para que se entienda bien: en Brasil, con esos dos sellos en contra la cárcel es inevitable. En Argentina, en cambio, la quimera de la “condena firme” -el más perverso sinónimo de la impunidad- se aleja un paso más: aunque los ilegales sobresueldos que Menem y Cavallo pagaron a los funcionarios públicos hace más de veinte años fueron analizados por la justicia durante estas dos décadas, la Casación se negó a golpear el último clavo del ataúd, y pateó la pelota hacia la Corte. Allí, sus cinco jueces primero deberán establecer si admiten esa apelación, y en caso de hacerlo, tratar su contenido algún día. Otro peligro crece en el horizonte: el argumento de los condenados para zafarse de la ley es justamente que pasó mucho tiempo sin que los jueces la aplicaran.
Semejante ofensa al sentido común dificulta aún más la monumental tarea de devolverle prestigio a la justicia, que en este caso quedó en manos de un tribunal cruzado por las internas y en estado de máxima sensibilidad. Veremos si aún prevalece el reciente criterio aplicado ante las chicanas de Amado Boudou y Julio De Vido en diversos expedientes, frente a las cuales se acabó la paciencia. Uno de los cortesanos, Horacio Rosatti, se autoimpuso un plazo máximo de 90 días para resolver los casos que llegan a su escritorio. Sin tanta precisión, el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, también prometió evitar con su firma que el tiempo sea el principal aliado de los corruptos. Como ocurre hasta ahora.
Mientras la causa de los sobresueldos sigue desafiando las eras como un ejemplo de arqueología judicial, ayer quedó libre el último detenido por el escándalo de la imprenta Ciccone. La piedra de Sísifo vuelve a rodar hacia abajo.