A menos de una semana de su firma por parte del juez Ariel Lijo, el controvertido procesamiento del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y del banquero Jorge Brito en
la causa conocida como Ciccone II -que investiga el financiamiento para que Amado Boudou y sus amigos se quedaran con la imprenta- sumó otra dura crítica, pero esta vez incluida en la apelación de ese procesamiento por parte de uno de los querellantes en el expediente.
La Oficina Anticorrupción pidió ante la Cámara Federal porteña que Echegaray también sea procesado por el beneficioso plan de pagos que le aprobó a Ciccone para levantar su quiebra una vez que ya estaba en manos de The Old Fund. El organismo pidió además que el banquero Jorge Brito sea procesado por su rol en toda la maniobra financiera ilegal para apoderarse de la imprenta
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“Lijo sólo procesó a Echegaray por abuso de autoridad, a causa de su súbito cambio de postura ante el levantamiento de la quiebra de Ciccone: primero lo condicionó a un plan de pagos y en 48 horas cambió su criterio y se expidió en favor del levantamiento de la quiebra sin condiciones”, explican en el organismo que conduce Laura Alonso. “Nosotros pedimos que además se lo procese por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por su intervención en el trámite del plan de pagos ilegal que Olga Ciccone solicitó ante AFIP”, detallan.
Se trata del mismo tramo de la maniobra por el que en juicio oral se condenó al jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner. “Lijo entendió que Echegaray frenó el otorgamiento del plan de pagos al insertar su firma y la frase ‘ajústese a la resolución’ a mano alzada. Para nosotros ese agregado fue posterior a la aprobación del plan de pagos, cuando su decisión ya se había filtrado en los medios. Hizo ese agregado para volver sobre sus pasos”.
En el gobierno estiman que el procesamiento “de diseño” firmado por el juez es un “sobreseimiento encubierto” del poderoso ex jefe del ente recaudador.
La OA también pidió que se amplíe el procesamiento del banquero Jorge Brito. “Lijo lo procesó como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el gerenciamiento de CVS (Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone), pero nosotros entendemos que también intervino en el fondeo y financiamiento. Que su participación abarca la maniobra completa”, explican en el organismo.
“A partir de la prueba obrante en el sumario y de los dichos de Alejandro Vandenbroele, surge que la participación de Jorge Brito no se limita al solo gerenciamiento de la calcográfica”, dice la apelación presentada este jueves y a la que tuvo acceso Clarín.
“El propio magistrado ha valorado que ‘la complejidad de la maniobra investigada y su significación económica han evidenciado un intrincado entramado de mecanismos diagramados para generar, entre otras cosas, opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior y, de esa manera, disimular los movimientos de dinero y ocultar a las personas detrás del negocio’. Ese mismo entramado es el que ha permitido mantener a Brito por fuera del negocio para adquirir, financiar y gerenciar a “Ciccone Calcográfica S.A.”.
“A diferencia de lo argumentado por el juez, no se puede desligar del financiamiento de Ciccone a Jorge Horacio Brito y el Banco Macro”, remacha la apelación de la OA. “Es necesario dejar en claro que la responsabilidad de Brito se extiende a su colaboración basada en un acuerdo inicial y previo a la adquisición por vía de cohecho (Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele) de las acciones de Ciccone Calcográfica S.A., por lo que la base del reproche futuro se centra en la maniobra completa, sin perjuicio de la calificación que finalmente se adopte a su respecto.”
Por último, la Oficina Anticorrupción también pidió que se revoque el sobreseimiento y se procese a otro de los imputados, Pablo Jorge Amato, que se indague a Olga Beatriz Ciccone y Silvia Noemí Ciccone, y se revoque su sobreseimiento y se dicte auto de falta de mérito para más adelante procesar o sobreseer a Silvia Analía Istueta,