Poco más de 24 horas después de la decisión del Tribunal Oral Federal 4 de excarcelar al Amado Boudou, el ex vicepresidente volvió a su casa en el barrio porteño
de Barracas. En agosto lo habían condenado a 5 años y 10 meses de prisión como culpable de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública en el escandaloso caso Ciccone. Su abogada, Graciana Peñafort, fue hasta el penal de Ezeiza para acompañarlo después de haber depositado la fianza de un millón de pesos. De allí, Boudou salió con una tobillera electrónica que le había colocado un equipo de técnicos enviado por el Servicio Penitenciario a la cárcel.
El Tribunal Oral Federal 4 ordenó ayer la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, quien está detenido en el penal de Ezeiza tras su condena a 5 años y 10 meses de prisión por las maniobras para quedarse con la imprenta Ciccone Calcográfica y lograr un contrato para fabricar billetes de curso legal.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Con los votos de los jueces María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, y la disidencia de Néstor Costabel, el tribunal exigió una fianza de un millón de pesos, que los allegados de Boudou lograron reunir este miércoles.
Una vez cumplido ese trámite y cuando el certificado de depósito se presentó ante el TOF4, Boudou fue excarcelado después cuatro meses de prisión, tras su íultima detención el 7 de agosto, apenas se conoció la sentencia en su contra en el juicio por Ciccone. A partir de ahora el ex ministro de Economía llevará encima un dispositivo electrónico con GPS que le colocó personal del Ministerio de Justicia antes de dejar la cárcel, con el que será monitoreado para que no viole la restricción de alejarse de su domicilio a una distancia mayor a cien kilómetros.
Edificio donde vive Amado Boudou en Barracas
El ex vicepresidente regresó a su última vivienda del barrio Barracas, adonde se había mudado tras vivir por años en Puerto Madero.
José María Núnez Carmona, socio de Boudou y amigo desde su adolescencia en Mar del Plata, solicitó el mismo beneficio que obtuvo el ex ministro de Economía, y el Tribunal Oral definirá su situación el jueves.
La sorpresiva excarcelación de Boudou comenzó a gestarse el pasado viernes, después del procesamiento sin prisión preventiva del banquero Jorge Brito y del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la causa conocida como “Ciccone II”, que investigó el financiamiento para que Boudou y sus socios lograran comprar la imprenta. En consecuencia, la defensa del ex vice pidió al TOF 4 que siguiera la tesis que el juez Lijo tuvo con ellos: como no existirían riesgos para que entorpezca la investigación de Ciccone II -y en la I no hay investigación porque ya está condenado- no hay motivos para que espere preso el resultado de la apelación de la sentencia ante la Cámara de Casación.
Y lo logró: tras el traslado del juez Pablo Bertuzzi de ese Tribunal Oral a la Cámara Federal, uno de los dos votos con los cuales Boudou había sido detenido de inmediato en agosto ya no estaba, y la subrogante Palliotti coincidió ahora con el que entonces había sido un voto minoritario, firmado por la jueza López Iñíguez.
En agosto, el TOF 4 había encontrado al ex vice culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Y también está involucrado en Ciccone II, como uno de los beneficiarios de ese financiamiento espúreo. Y ahí está la hendija que exploraron sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Al conocer los procesamientos de Lijo en esa investigación, consideraron que “no había margen para que continúe detenido Boudou”, según explicaron a Clarín allegados a la defensa.
A su vez, como aún no está firme la condena del juicio por la compra de la imprenta, los abogados plantearon que “correspondía revisar” la prisión del reo.
El planteo encontró suelo fértil primero en el fiscal ante el Tribunal, Marcelo Colombo, y luego en la firma de las juezas López Íñiguez y Palliloti, para quienes “aquellos elementos objetivos que se tuvieron en cuenta para permitir que Amado Boudou transitara el debate en libertad no se habían modificado en absoluto, más allá que se haya dictado una sentencia condenatoria en esta primera instancia”. Dixit.
Respecto al riesgo de fuga, las magistradas indicaron que no puede desconocerse que Boudou “pertenece a un sector político que es opositor a quien hoy detenta el poder de policía del Estado, con lo cual debiera lógicamente debilitarse la probabilidad de éxito ante un intento de salida ilegal del país”. Además, “no se advierten razones para pensar que Boudou tiene algún tipo de vínculo con el gobierno actual”.
Por ello, concluyeron que debe “evitarse el uso abusivo de la prisión preventiva”, porque “no sólo no se condice con nuestro sistema Constitucional y procesal penal, sino porque cuando un examen riguroso de las circunstancias del caso”, en este caso en particular sobre Boudou, “no permiten sostener” los argumentos que lo condujeron a prisión. Además de la tobillera electrónica, el tribunal retuvo el pasaporte de Boudou, le prohibió salir del país y le ordenó reportarse cada quince días.
La decisión judicial causó sorpresa y polémica. Entre otras voces, el ministro de Justicia Germán Garavano manifestó su desacuerdo: “Es una posición que no comparto. Cuando fue la condena me pareció bien la decisión del tribunal de hacer efectiva la detención. Cuando las penas son a cumplir, cuando uno es condenado, pierde la inocencia. Así está previsto en el nuevo código procesal penal que se aprobó la semana pasada en Diputados. Esto es un retroceso, pero hay que respetarlo”.