Aún bajo la tumultuosa interna que la Corte Suprema de Justicia exhibe en cada acuerdo de sus jueces -donde sólo exhibe una mínima cuota de las operaciones cruzadas a las
que están entregados varios de los magistrados- el máximo tribunal demostró ayer que sin embargo hay viejos principios que no está dispuesto a tocar: con una unanimidad digna de otras épocas, sentenció que la organización del sistema electoral de Santa Cruz es una cuestión que le corresponde resolver a los políticos -y en último caso a la justicia- de esa provincia.
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Como penúltimo capítulo de una secuencia de fallos de alto impacto público, que comenzó con la convalidación para que los jueces designados desde el año pasado paguen Ganancias y terminará la semana próxima con la definición sobre el cálculo de haberes para un jubilado que no aceptó la Reparación Histórica, la Corte logró ayer mostrar una coincidencia más profunda que las habituales disidencias y sincronías circunstanciales.
Aunque es el tribunal ante el cual deben resolverse los reclamos de las provincias -también los de Estados extranjeros, por eso la Corte debió investigar el atentado a la embajada de Israel en 1992- esa jurisdicción no implica que los jueces acepten definir temas que históricamente consideraron materia de discusión política.
La tensión existente entre el respeto del sistema federal y la autonomía que las provincias tienen para organizar su administración y el sistema electoral bajo el cual se eligen sus gobernantes, y por otro lado los límites que esa organización encuentran en la Constitución Nacional -cuyo garante de última instancia es la Corte Suprema- obligan al máximo tribunal a tomar una decisión que, de alguna manera, también es política.
Y los antecedentes respecto a este tipo de desafíos -la jurisprudencia, en lenguaje técnico- son copiosamente favorables a devolver el problema a las provincias.
Por supuesto, cuando se desciende desde aquella elucubración conceptual al barroso terreno de la política, el fallo de ayer tiene ganadores y perdedores. Alicia Kirchner, la gobernadora que ocupa su silla gracias al Frankenstein de la ley de lemas pese a haber sacado menos votos que su adversario radical, Eduardo Costa, puede sacar el champán de la heladera.Costa ya hizo saber su enojo, que ahora deberá atajar el Gobierno: el perjudicado por la ley y ahora por el fallo mira estupefacto cómo desde hace años el macrismo atiende las necesidades económicas de Santa Cruz sin pedir nada a cambio.¿Como qué? Bajar la ley de lemas