“Con la mafia no se jode”. El cartel, escrito a mano y sobre un cartón, volvió a aparecer en medio de los disparos. Lo encontraron los empleados del Centro de Justicia
Penal, uno de los dos inmuebles del poder judicial rosarino baleados durante la madrugada. El mensaje ya es una especie de marca registrada en esta ola de ataques, crímenes y atentados que sufre Rosario. Un cartel semejante fue dejado a principios de agosto en la puerta de un edificio donde vivió una jueza que condenó a Los Monos. Un papel con la misma frase apareció entre la ropa de Lucio Maldonado, un prestamista ejecutado a principios de noviembre en medio de un descampado.
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La nueva amenaza, a diferencia de las otras, apareció con una firma: la de Esteban Alvarado, un oscuro personaje ligado al robo de autos, sindicado desde hace años como un hombre con voz de mando en el tráfico de drogas en el sur de Santa Fe. Su nombre quedó en las últimas semanas asociado al crimen del prestamista Lucio Maldonado: está señalado como el autor intelectual del homicidio. También aparece vinculado a un expediente que salpica a un alto jefe de la Policía santafesina, a quien encontraron viviendo en un inmueble que le pertenecía.
Los fiscales que investigan la ejecución del prestamista llegaron a sospechar de Alvarado por el análisis del GPS del auto de la víctima. Antes de desaparecer, el vehículo hizo una larga parada en la vivienda de este personaje, en un barrio abierto de las afueras de Rosario.
La Policía allanó la casa a los pocos días. No encontraron a su dueño, pero sí documentos relacionados a otros 14 inmuebles de Rosario. Para sorpresa de los investigadores, uno de ellos -un coqueto departamento con vista al río- estaba habitado por el comisario Javier Makhat, segundo jefe de Inteligencia de Drogas de la Policía de Investigaciones de Rosario (PDI).
Alvarado, sobre quien ahora pesa un pedido de captura, tiene un solo antecedente delictivo en territorio santafesino. Data de 2007, cuando lo atraparon robando un auto en la vía pública. La Justicia lo condenó entonces a tres años de prisión en suspenso.
Su mayor prontuario está en la provincia de Buenos Aires. Gendarmería lo arrestó allí en agosto de 2012, bajo la acusación de liderar una banda de ladrones de autos que operaba en el norte del Conurbano. La Justicia bonaerense lo condenó por asociación ilícita en un proceso abreviado a 6 años y medio de cárcel. A mediados de 2016, por buena conducta, le otorgaron la libertad condicional.
En medio de su investigación, el fiscal de aquella causa, Patricio Ferrari, ordenó incautarle a Alvarado dos teléfonos celulares que utilizaba desde la cárcel de Campana. Las escuchas arrojaron que en su celda Alvarado seguía manejando el negocio del robo de autos y, también, que tenía nexos con el narcotráfico. Pero los vínculos no pudieron comprobarse, por lo que esa causa paralela quedó en la nada.
El año pasado, el periodista y diputado provincial Carlos Del Frade presentó un detallado informe de 124 páginas a la Legislatura de Santa Fe con un “mapa de bandas narco”. Con la desarticulación de “Los Monos”, ubicó a Alvarado como el “nuevo gerente” de la venta de drogas del sur de la provincia.