Por primera vez el Estado recuperará parte del dinero que Cristóbal López no tributó como parte de un multimillonaria defraudación que generó según determinó la Justicia. La AFIP que conduce Leandro
Cuccioli percibirá $ 2.000 millones, la cifra que determinó el juez comercial Javier Cosentino al dictaminar la quiebra de Oil Combustibles SA (OCSA) la petrolera que usó el empresario K para no pagar el impuesto a los combustibles y financiar con ese dinero al Grupo Indalo. El principal activo que supo tener el Grupo Indalo, el holding que Cristóbal López expandió durante el gobierno kirchnerista, fue a la quiebra después de un fallido proceso de salvataje.
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En la quiebra de Oil Combustibles S.A se vendieron los activos industriales (Refinería San Lorenzo, estación fluvial, estación de almacenamiento y red de estaciones de servicio) por U$S 85.000.000.
Fue YPF la empresa que quedó mejor merituada para adquirir el paquete accionario. Desde el 2 de octubre pasado se quedó con la empresa de López.
En sociedad con la argentina Dapsa, YPF se hizo cargo de Oil y en febrero se acreditará a favor del Estado el pago del dinero de la operación.
OCSA dejó de pagar durante prácticamente todo el segundo gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La maniobra derivó en una causa judicial donde la principal denunciante fue la AFIP. Entonces, la deuda generada con el Estado ascendía a $ 8.000 millones. A valores actualizados el organismo que conduce Cuccioli estimó que con intereses y punitorios el empresario K debe 17.000 millones de pesos.
“El objetivo fue siempre cobrar, recuperar parte de ese dinero de la corrupción “, explicaron fuentes judiciales a Clarín. La justicia determinó que López y Fabián De Sousa utilizaron el dinero que debía ir a la AFIP para financiar y hacer crecer su conglomerado empresarial. El procesamiento por defraudación fue con prisión preventiva.
Un fiscal encontró una nueva ruta del dinero K
La posibilidad de recuperar parte de la multimillonaria deuda se concretará entre febrero y marzo. Allí la AFIP cobrará unos $ 2000 millones, una vez que termine la feria judicial.
Cuando se realice el pago por la venta de Oil, el dinero será distribuido entre los acreedores no laborales, “aguardándose el levantamiento de las inhibiciones trabadas en la causa penal seguida contra Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”, indicaron fuentes oficiales que además indicaron que el organismo bajo la conducción de Cuccioli se encuentra colaborando con el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) “para que esto se concrete rápidamente”.
Los $ 2.000 millones que percibirá la AFIP es sólo la primera parte de lo que tiene previsto recuperar el Estado “por medio de la aceleración el proceso de quiebra pedido sobre Inversora IMS, compañía madre de Alcalis de la Patagonia y La Salamandra, entre otras”, explicaron fuentes del organismo fiscal.
Este dinero vuelve al Estado, a la cuenta específica del impuesto evadido por López y Fabián De Sousa, en este caso en concepto del ITC. Si bien es una suma inferior en relación a la deuda generada por los dueños del Grupo Indalo, desde AFIP entienden que no deja de ser importante “recuperar parte del dinero que fue parte de un entramado de corrupción”.
Además, se encuentra en trámite un pedido de extensión de la quiebra a Inversora M&S S.A., South Mineral S.A., donde están investigados Cristóbal Manuel López, sus hijos Emiliano y Cristóbal Nazareno y Carlos Fabián De Sousa por maniobras fraudulentas vinculadas a Oil Combustibles.
El reclamo de estos fondos podría implicar el ingreso de nuevos activos para engrosar el recupero del crédito fiscal y el estudio de nuevas acciones por daños y perjuicios, “técnicamente acciones de responsabilidad concursal contra otros responsables de la quiebra, por ejemplo: Ricardo Echegaray, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre Balestra”, confirmaron fuentes oficiales a Clarín.
En este contexto, según pudo saber este medio, en febrero próximo se llamará a audiencia testimonial a los accionistas para determinar otras posibles maniobras fraudulentas.
La AFIP ya inició una demanda civil por daños y perjuicios contra ambos, al considerar que la maniobra encabezada por ellos generó un “grave daño al Estado” privándolo de “fondos millonarios”. Por ello, exigieron que hagan frente con sus bienes a dicho perjuicio. El escenario es más complejo aún para el Grupo Indalo ya que como reveló Clarín, parte de los medios de comunicación del empresario K tienen una deuda con la AFIP de más de $ 1.400 millones en concepto de aportes a la seguridad social, IVA e Impuesto a las Ganancias.
De esta situación el organismo recaudador también buscará el recupero de fondos. La principal preocupación en este caso para el Gobierno, es el “aumento significativo de la deuda posconcursal con el riesgo que ello implica sobre los trabajadores”. Por ese motivo, se están evaluando diferentes opciones que “protejan a la vez a los trabajadores y el patrimonio del Estado”, determinaron fuentes del organismo fiscal.
El detalle de la deuda acumulada de los medios de comunicación es: El canal C5N debe $ 590 millones, Radio Diez, $ 230 millones; Radio Pop, $ 160 millones; Ámbito Financiero, $ 160 millones; Ideas del Sur, $ 310 millones; Vale FM, $ 20 millones; Diario registrado, $ 7 millones.