La Cámara de Diputados sancionó este jueves el nuevo Código Procesal Penal que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014, pero que el presidente Mauricio Macri frenó a través
de un decreto, a poco de asumir.
La reforma apunta a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para investigar ilícitos complejos como el narcotráfico, la corrupción, trata de personas y crimen organizado.
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El proyecto recibió 134 votos afirmativos, 55 negativos (del Frente para la Victoria, Red por Argentina y la izquierda) y cuatro abstenciones del bloque puntano, Unidad Justicialista. Se trató de ensamblar doce leyes aprobadas durante los últimos años por el Congreso, al cuerpo normativo.
Entre las normas que ahora serán armonizadas al Código se encuentran la Ley de Flagrancia; la nueva ley de Ejecución de la Penal; la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas; la Ley del Arrepentido; la Ley de Técnicas Especiales de Investigación para los delitos complejos; y la de Protección de Víctimas del Delito.
La iniciativa había sido presentada por el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la bicameral encargada de controlar la implementación del Código. En esa comisión se debatieron las modificaciones, con el aporte de jueces y fiscales federales.
En el debate durante la sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, destacó que “estamos cambiando un régimen inquisitivo por un régimen acusatorio”, y recordó que Macri frenó la implementación del Código “porque no estaban las condiciones necesarias” y “era totalmente incompleto en algunas cosas”.
En contra de la iniciativa, el kirchnerista Martín Doñate consideró que el nuevo Código “no es más que parte de la construcción de la ingeniería judicial de persecución política”. En cambio, desde Argentina Federal, el cordobés Juan Brügge consideró “un cambio importantísimo pasar de un régimen inquisitivo a uno acusatorio”, aunque expresó dudas de que “ante la falta de gradualismo no se pueda implementar o haya excesos”. Pablo Kosiner, jefe de la bancada de AF, destacó la tarea de “ensamble y compaginación” de las nuevas normas al código.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, se mostró conforme con la sanción ya que aplicar el nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes”.
Desde el Ministerio de Justicia estimaron que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará en forma progresiva primero en las jurisdicciones del norte del país, luego en el sur y finalmente en el centro.
En la sesión, que arrancó hacia el mediodía y fue la segunda de las extraordinarias en Diputados, se trataron además una docena de proyectos. Hubo sanción al de cédula escolar; se autorizó el ingreso y egreso de tropas; y se aprobó un proyecto correctivo a la ley sobre regularización de villas y barrios populares. Quedó postergado el tratamiento de la ley anti barras bravas, por falta de consenso sobre el texto definitivo. Con críticas opositoras se aprobó el pliego del amigo presidencial, el empresario Nicolás Caputo, como cónsul honorario en Singapur. Y sorpresivamente fue devuelto a comisión un acuerdo de complementación económica con Chile que recibió también cuestionamientos opositores.