La fiscal federal Gabriela Baigún pidió este miércoles a un tribunal oral que condene al ex presidente y actual senador Carlos Menem a la pena de cuatro años de prisión por
la comisión del delito de peculado por la venta “a precio vil” del predio de La Rural a principios de la década del 90 y en su primer mandato de gobierno.
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La acusadora también solicitó una pena de prisión efectiva para el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, quien, según ella debería ser condenado a pasar tres años y nueve meses tras las rejas. En cambio, pidió penas de prisión en suspenso para otros tres imputados y la absolución del resto de los involucrados.
Al final de su alegato, y tal como ya lo había adelantado la semana pasada, Baigún también le pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2), integrado para este caso por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini, que ordene la restitución al Estado del predio adquirido por la Sociedad Rural Argentina (SRA) al Estado a través de una venta directa y sin la participación del Congreso.
Baigún ya había advertido la semana pasada a los jueces su temor de que aplicaran el mismo argumento que utilizó recientemente la Cámara Federal de Casación Penal para absolver a Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia por el que había sido condenado a siete años y medio de cárcel. Esto es la supuesta violación de la garantía del “plazo razonable” para su juzgamiento.
La fiscal había recordado a los miembros del TOCF2, para evitar que fallen igual que la Casación, que pese al tiempo transcurrido desde el delito investigado (1991), su judicialización (2000) y su elevación a juicio (2014), la Argentina es signataria de convenios internacionales que la obligan a perseguir los casos de corrupción en el manejo de dinero público.
“La corrupción es el mayor de los flagelos porque permite la impunidad”, había dicho la semana pasada Baigún. En la audiencia de este miércoles, su colega Dafne Palopoli, previamente había sostenido que tanto Menem como Cavallo “se arrogaron facultades legislativas” al decidir la venta del predio por decreto y que debió haber intervenido el Tribunal de Cuentas de la Nación para tasar correctamente el millonario lote ubicado en Plaza Italia y el corazón del barrio de Palermo.
Si bien terminó absuelto en el caso de las armas -aunque todavía está pendiente una decisión de la Corte Suprema a raíz de la apelación del fiscal Raúl Pleé-, tanto Menem como Cavallo se encuentran condenados a penas de prisión efectiva y confirmadas por la Casación por el pago de sobresueldos a funcionarios del gobierno que ambos encabezaron.