Pasada la urgencia del G20, el Gobierno extendió por 30 días la resolución 929/2018 que habilita a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Fuerza Aérea
para que puedan prestar servicios de rampa en los aeropuertos, es decir remolcar aeronaves y llevarlas hasta la posición de estacionamiento. La medida había sido solicitada por la empresa Intercargo ante “la eventual existencia de necesidades extremas” que pudieran surgir durante la reunión de líderes mundiales.
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En el Gobierno sostienen que la habilitación a los efectivos de la Policía Aeroportuaria y de la Fuerza Aérea tiene por único objetivo razones de seguridad. “Ante una amenaza de bomba, por ejemplo, un avión debe ser trasladado por efectivos”, dijeron fuentes oficiales. Y aseguraron: “La decisión no apunta a romper huelgas”.
Los trabajadores que se dedican a brindar servicios de rampa en los aeropuertos están afiliados a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que conduce el kirchnerista Edgardo Llano. Clarín intentó consultar al dirigente, sin éxito.
En otros gremios aeronáuticos coincidieron en interpretar que la medida no tendría por objetivo “romper huelgas”. “Paros puede haber por más que haya servicios de rampa”, argumentaron.
El tema del decreto no fue tocado en la reunión que este lunes gremios aeronáuticos mantuvieron con el titular de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido.
Aviones de Aerolíneas Argentinas estacionados.
La ampliación del plazo se conoció este lunes a la mañana, justo cuando los seis gremios aeronáuticos se sentaban a entablar una negociación con Aerolíneas Argentinas por tema paritarias y sanciones a parte de su personal por una medida de fuerza.
Más allá de que el gremio afectado sea APA, los sindicatos del sector se mueven en bloque. Por ejemplo, Pablo Biró, secretario general de los Pilotos, dijo a Clarín: “Si lo que quieren hacer es crear una herramienta para operar contra los sindicatos no lo vamos a aceptar”.
Para para los dirigentes con los que habló este diario el objetivo exacto de la extensión por un mes más de la resolución 929 era una incógnita: “Seguro apunta a un futuro decreto de desregulación que no sabemos por ahora adónde apunta; pero entendemos que es una uberización del sector”, comentó un jefe sindical.
En el Gobierno, sin embargo, lo rechazaron de plano. “Se dio un mes más de plazo para que el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se capacitó pueda obtener la habilitación oficial para la tarea”, dijeron.
Detallaron, además, que los cursos de capacitación fueron realizados por 100 efectivos. “Es imposible reemplazar a Intercargo con esa cantidad de efectivos. El único fin es de seguridad”, aseguraron.
Durante los traslados dentro de los aeropuertos hay peligro que las aeronaves toquen sus alas con otros aviones. De hacerse la tarea sin conocimiento, los aviones también pueden dañarse cuando se les coloca una barra en el tren de aterrizaje para engancharlos con el remolque.
“Cualquier rotura en caso de que los traslados no sean realizados por personal calificado, las aseguradores podrían desconocer la cobertura”, dijeron en un gremio aeronáutico. Sorprendidos, afiliados de ese gremio fotografiaron la semana pasada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria practicando el servicio de rampa con un avión.