Legisladores nacionales del PRO salieron este martes a respaldar la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de establecer un nuevo protocolo para la utilización de
“Son protocolos de acción de los policías ante determinados delitos graves, cuando (delincuentes) hayan matado o herido gravemente a una persona y se estén dando a la fuga”, argumentó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consultado sobre la resolución 956/2018.
En diálogo con Télam, luego de la presentación de los resultados del programa Justicia 2020, que encabezó el presidente Mauricio Macri, Pinedo advirtió que la puesta en marcha del nuevo protocolo “no quiere decir que la policía pueda matar a cualquiera, ni que pueda actuar con irresponsabilidad”.
De igual manera, el diputado nacional Pablo Tonelli apuntó que la resolución “va en línea con lo que prevé el proyecto de reforma del Código penal”, que el oficialismo aspira a tratar el año próximo en el Congreso Nacional.
Explicó que el nuevo protocolo encuadraría en “un párrafo que será agregado al artículo 34” del Código Penal, que establece que “los integrantes de las fuerzas de seguridad que actúen en cumplimiento de su deber, no serán penados en caso de lesionar o matar a alguna persona, en la medida que actúen en cumplimiento de su deber”.
“Hay un riesgo, sin duda, pero también es riesgoso paras las víctimas de un delito que los policías no los puedan defender; hay que confiar en el sentido común y en el entrenamiento y la capacitación de las fuerzas de seguridad”, dijo Tonelli, ante una consulta sobre eventuales márgenes de error o excesos por parte de los agentes.
Ahora restan esperar las posiciones respecto del nuevo protocolo, de los diputados y senadores de las otras fuerzas que junto al PRO integran Cambiemos (UCR y la Coalición Cívica).
El nuevo reglamento, que entró en vigencia ayer, dispone como válido el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”.
Lo habilita también “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”; “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” y “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.