Registraron un femicidio cada 29 horas en los últimos tres años en Argentina
El Poder Judicial dispuso la prisión preventiva de un imputado acusado deviolencia de género luego de que se conocieran las amenazas del hombre a su expareja en el transcurso de la investigación.
El juzgado N°10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del juez Pablo Casas dispuso la preventiva por los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de armas, amenazas coactivas, incendio con peligro para los bienes y desobediencia contra la víctima, y ordenó su traslado a la Unidad N° 28 del Servicio Penitenciario Federal, a fin de que sea trasladado al Complejo Penitenciario que tenga cupo para su alojamiento.
El 67% de las argentinas dice haber vivido algún abuso.
Así lo informó el sitio oficial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, con la particularidad de que el imputado que ya tenía una orden perimetral y un dispositivo de GPS para garantizar la seguridad de la víctima siguió amenazando, lo que llevó al magistrado a basarse en la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer que incorpora las previsiones de la “Convención de Belem Do Pará”.
Dicha norma establece en su art. 26. a. 7. “la facultad y deber de los jueces de ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer”.
El caso Nahir Galarza: ¿Quién es esta chica?
El magistrado consideró además que las profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificaron la situación como de “alto riesgo” y resaltó que “el Estado se hizo cargo de darle una oportunidad para la toma de conciencia adoptando otros recursos”; pero que, a pesar de las medidas restrictivas, las acciones violentas del imputado siguieron agravándose.
Morir por ser mujer: por qué no bajan las cifras de femicidios.
“Hasta ahora se garantizó la seguridad de las víctimas con consignas policiales, con lo que esto implica desde la perspectiva de la administración de recursos escasos. Todo para controlar a una persona que tenía una abstención de contacto, un dispositivo de GPS, con restricciones de un juez civil, y garantizar que no se moleste más a tres víctimas de violencia de género. Es necesario examinar el caso con perspectiva de género, y se da justamente esa necesidad de revisar los hechos en función de que la conducta del imputado es indicativa de su voluntad de someter a la mujer y de aprovecharse de su situación de poder”, sentenció Casas.
J.D./F.F.