El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidades manifestó su preocupación por el “impacto negativo” de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que este año llevará a
una pérdida de 20 puntos en los haberes previsionales.
En el punto 37 de las “ Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina”, el informe dice textualmente: “El Comité está particularmente preocupado por el impacto negativo que la Ley 27.426 de reforma previsional, de 2017, tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares del Estado parte”.
De acuerdo a los datos oficiales, con el aumento del 7,78% que entra en vigencia este mes, las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social acumularán un incremento del 28,45% desde septiembre de 2017, último aumento con la anterior fórmula, que contrasta con el 47/48% de inflación prevista para este año.
Si esta comparación se extiende a septiembre de 2017, la pérdida se eleva a 26 puntos porque, además, el ajuste semestral pasó a ser trimestral, pero salteando el aumento de un trimestre, el de diciembre de 2017. Por otro lado, los jubilados nacionales no recibirán ningún bono de fin de año a manera de compensación parcial por esas pérdidas, según confirmó este lunes el propio presidente Mauricio Macri.
También el Comité manifestó su preocupación por “la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso “. Y recomienda restituir las pensiones canceladas con afectación del debido proceso, suspendiendo el Decreto 432/97.
El Comité, además, pide evaluar el impacto de las incompatibilidades y garantizar un plazo razonable “para que las personas afectadas puedan interponer un recurso con garantías al debido proceso”. Se calcula que fueron dadas de baja unas 43.000 pensiones por discapacidad. En el Gobierno aseguran que es irregularidades o porque no se cumplen ciertos requisitos.
En la misma dirección, el Comité insta al Estado a “condicionar toda futura medida sobre jubilaciones y pensiones al respeto del principio de no regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los beneficiarios, en particular en cuanto a las pensiones no contributivas y pensiones por discapacidad”. También plantea “fortalecer otras medidas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, que benefician al 59% de la población rural”.