El dictamen, que incluyó a Bonafini en el listado de otros acusados con un anterior pedido de envío a juicio, entre ellos los hermanos Pablo y Sergio
Ochoa había excluido a Bonafini de un primer dictamen firmado el 2 de octubre último por entender que faltaban medidas de prueba en torno a su persona, pero ahora la incluyó para no dilatar la investigación y advirtió que esas medidas podrían realizarse durante la llamada “instrucción suplementaria” que se suele ordenar en los tribunales orales antes de iniciar los juicios.
Al rechazar esos planteos, Martínez De Giorgi sostuvo que Bonafini estaba al tanto de los “desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido y que en tal sentido al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.
Bonafini deberá ser juzgada, de acuerdo al dictamen fiscal, como partícipe secundaria de “defraudación a la administración pública” a raíz de presuntos desvíos del dinero que el Estado entregó a la Fundación para el programa de viviendas sociales y cuya administración se delegó en otro procesado, Sergio Schoklender.
En el primer dictamen de envío del caso a juicio oral, la fiscal reclamó juzgar además al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al también preso ex secretario de Obra Pública José López, a los hermanos Shoklender y a otra decena de procesados.
De acuerdo a la investigación, se habrían desviado del fin original -construcción de viviendas sociales- al menos $206.438.454.
Al reclamar que se incluya a Bonafini en el listado de juzgados, el juez del caso no hizo lugar a prueba adicional que había pedido la fiscal porque consideró que esa nueva evidencia que se solicitaba “no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada, así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma”.