Es un cambio radical para las fuerzas federales. El nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego aprobado por el Ministerio de Seguridad es la mayor ampliación de facultades policiales
desde el retorno de la democracia, luego de décadas de ir en sentido contrario.
El gran interrogante, que sólo podrá responder la realidad, es si los policías que tenemos tienen la capacidad, el profesionalismo, la ética y la honestidad necesarias para ejercitarlas dentro de la ley.
La flamante reglamentación no modifica el Código Penal ni leyes vigentes: herir o matar a alguien porque sí sigue estando tan prohibido -y castigado- para un policía como para un civil. Lo que pone en discusión -aunque será la Justicia la encargada de decidir hasta qué punto- es qué debe entenderse como un accionar justificado por el “cumplimiento del deber”.
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En otras palabras: el Código Penal dice que no deben ser castigados quienes cometan un delito obrando “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. El reglamento elaborado por Patricia Bullrich pretende darle argumentos para defenderse al policía que hiera o mate a alguien y que luego deba demostrarle a un juez que actuó amparado por el legítimo ejercicio de su deber. De hecho, la redacción del Código Penal que el Gobierno pretende aprobar el año próximo habla de “cumplimiento del deber” en “uso de sus armas en forma reglamentaria”, para que no sea tan arbitraria la discusión sobre qué es y qué no es un “deber”.
Ahí aparecerá el efecto concreto de este nuevo reglamento: definir lo que, en la práctica, debe considerarse “forma reglamentaria” de usar el arma.
El reglamento le dice al policía que puede disparar “para impedir la fuga de quien represente peligro inminente, hasta lograr su detención”. Es decir, que en ciertas ocasiones es preferible un sospechoso herido o muerto a uno prófugo. Fue la decisión que tomó Luis Chocobar en La Boca, hace casi exactos dos años, por la que hoy espera juicio por “homicidio en exceso en el cumplimiento del deber”.
Si esta nueva disposición hubiera estado vigente entonces, y Chocobar hubiera sido un agente federal, podría haberla esgrimido en su defensa. Ahora bien, es imposible aventurar si el juez de turno la hubiera tomado en cuenta para aliviar su situación o no, porque es algo sujeto al criterio de cada magistrado. Esto se irá dirimiendo caso a caso, instancia tras instancia, hasta que algún episodio concreto llegue a la Corte Suprema y allí se resuelva una interpretación definitiva. La de Bullrich está clara: Chocobar actuó como correspondía y hay que apoyarlos a él y a los que vengan.
La ley plantea límites para que todo, incluso el acto de detener a quien la viola, ocurra dentro de ella. El reglamento es más flexible, al dejar determinadas situaciones libradas al criterio del policía. Plantea que podrá disparar ante un presunto delincuente “aunque luego se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal” lo que éste llevaba encima. ¿Cómo saber si no disparó a sabiendas de que el sospechoso estaba, en efecto, desarmado? Habilita al agente a tirar cuando “presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma”. ¿Cómo distinguir entre una “presunción verosímil” hecha por alguien que no es juez sino policía y el “gatillo fácil”? Exceptúa, además, a los agentes de “identificarse a viva voz”, algo considerado desde siempre como una garantía. ¿Cómo discernir entre el accionar legal y la ejecución a traición?
Estas preguntas llevan a otras, más profundas. La primera tiene que ver con definir qué clase de policías queremos y a cuántas garantías civiles estamos dispuestos a renunciar en pos de una promesa de seguridad. Frente a un delito cada vez más violento -que nadie logra parar- ¿el camino es sumar más violencia?
La segunda tiene que ver con la confianza que les tenemos a los policías con los que, en la práctica, contamos. En el gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo, sienten que a los suyos aún les falta más capacitación antes de adherir a esta norma.