Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá mañana el proyecto impulsado por el gobierno que agrava las penas de prisión a los barrabrava que cometan hechos
La intención del oficialismo de Cambiemos es tener dictamen de este proyecto mañana mismo, para poder debatirlo en sesión prevista para el jueves próximo, al igual que otras iniciativas que el Gobierno incluyó para ser tratadas en el período de extraordinarias, dijeron fuentes parlamentarias a Télam.
El proyecto contra la violencia en el fútbol será analizado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) y de Deportes, a cargo de Daniel Scioli (FPV-PJ), que se realizará mañana a las 14 en la sala 2 del anexo C de la cámara baja.
La iniciativa, reactivada por el gobierno por haber perdido estado parlamentario, fija penas de dos a cuatro años de prisión a dirigentes, organizadores, o responsables de eventos deportivos que entreguen entradas a los barrabrava en forma gratuita.
Además establece que la aplicación del derecho de admisión dejará de estar en manos de los clubes, ya que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad.
Otro punto central es el que establece que “se impondrá prisión de cuatro a diez años al que integre un grupo de tres o más personas” que “esté destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos” en los estadios de fútbol.
Fija una pena de un año de prisión a la venta irregular de entradas, pero ese castigo se eleva al doble si el delito se comete en inmediaciones de los estadios de fútbol.
Además, penaliza con seis meses a tres años de prisión a las personas o grupos que “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos, hacia o desde los estadios, con motivo o en ocasión del espectáculo futbolístico”.
Establece que se castigará con prisión de tres a seis años a quien tuviera en su poder, o trate de introducir a un estadio, armas blancas, piedras, botellas, y otros instrumentos contundentes, artefactos químicos o cualquier otro elemento para “ejercer violencia”.
También contempla que el castigo de prisión puede aumentar de cinco a diez años cuando una persona o grupos de personas intenten ingresar a un estadio de fútbol con armas de guerra o artefactos explosivos.
El gobierno rescató esta iniciativa de la pérdida de estado parlamentario luego de los incidentes del 24 de noviembre pasado en inmediaciones del estadio Monumental de River Plate, donde barrasbrava atacaron el micro que trasladada al equipo y cuerpo técnico de Boca Juniors para jugar la final de la Copa Libertadores de América.
Los incidentes, que incluyeron peleas por entradas y tumultos en torno al Monumental, desembocaron en la suspensión del partido, que luego se decidió que se jugará en el estadio del Real Madrid español, el domingo próximo.
El proyecto contra la violencia en el fútbol lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros de Justicia Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.