en el marco del juicio denominado “Pibes Villeros” que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
En esta causa están imputadas 31 personas, entre ellos la dirigente social Milagro Sala, ex cooperativistas y ex funcionarios provinciales, por supuesta defraudación al Estado, por 29 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que, según la Fiscalía, “no fueron ejecutadas”.
El ex presidente del IVUJ quien declaró ante el Tribunal en lo Criminal 3, por más de cuatro horas criticó la requisitoria fiscal al indicar que la misma “no precisa los hechos, lugares ni espacios, donde se habrían cometido los presuntos delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita”.
Asimismo sostuvo que como titular del organismo firmaba los contratos de obra con instituciones municipales y “todas aquellas habilitadas para desarrollar proyectos de habitacionales”.
En ese sentido afirmó que no “le cabe ningún delito”, ya que actuó en el marco de decisiones que le permitía el cargo que ejercía y agregó que el control de las obras estaba a cargo de los municipios a través Unidad Ejecutoras Municipal, las cuales eran las encargadas de supervisar las viviendas.