La última resolución del juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos, en la que dictó el procesamiento del CEO de Techint Paolo Rocca y ex funcionarios como Juan Manuel
Abal Medina, tuvo un alcance aún mayor: también terminaron procesados como miembros de la asociación ilícita que se dedicó al cobro y pago de sobornos a Miguel Marconi, el dueño de Supercemento; de la firma Chimen Aike y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, entre otros.
Recordemos: en la instrucción de la causa, Bonadio comprobó la existencia de una “organización criminal” que desde las máximas autoridades del Gobierno anterior y varios integrantes del ministerio de Planificación diseñaron un mecanismo para recaudaba dinero ilegal a través del cobro de sobornos a contratistas y concesionarios del Estado.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Según el juez, para que esa ingeniería fuera exitosa se contó con la participación indispensable de empresarios vinculados a la obra pública, al sector energético y al transporte.
Entre ellos, esta semana no sólo procesó a Paolo Rocca, sino que terminaron acusados como miembros de la asociación ilícita los dueños de las firmas Supercemento, Chimen Aike y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario Alberto Padoan, entre otros.
Respecto a Padoan, Bonadio determinó que ordenó entregas de dinero al ex secretario de Roberto Baratta Nelson Lazarte en nombre del “Grupo Agroindustrial Vicentin”. Las entregas se habrían realizado en la calle Luis Sáenz Peña 1074 el 16 de septiembre de 2013 (500.000 dólares) y el 16 de junio de 2015 (un millón de dólares). “En el último caso, el dinero fue entregado por Lazarte a Hernán Del Río en el subsuelo del Ministerio de Planificación, para que por intermedio de Olazagasti, se le diera a De Vido”, dice la resolución.
La Justicia procesó con un embargo de 4.000 millones de pesos a Miguel Marconi, dueño de Supercemento, una firma también investigada en las causas de Odebrecht por el presunto pago de sobornos. En este expediente, para Bonadio “está acreditada la entrega de dinero en nombre de la empresa”, no sólo de Marconi sino también de Raúl Ibarra, integrante de la compañía. El dinero se entregó a Lazarte y a Baratta.
De la empresa Chimen Aike, que tuvo contratos importantes en Santa Cruz, quedaron procesados Rubén Aranda y Guillermo Prokopiw. Como el resto de los empresarios, están acusados de haber realizado pagos de fondos ilegales para garantizar sus contrataciones con el Estado.
Mientras crece la onda expansiva de los hombres de negocios acusados por pagar coimas, desde el Gobierno aseguraron a Clarín que se “analizará caso por caso” a la hora de evaluar el rol de las empresas que “aún tienen contratos”. En estos meses, desde que estalló el escándalo de los cuadernos, aún no se diseñó una salida administrativa que permita aislar a las firmas de sus directivos acusados.