Los ministros de Seguridad de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich y Martín Ocampo, respectivamente, fueron denunciados este lunes penalmente en los tribunales federales de la
Avenida Comodoro Py por el fallido operativo de seguridad que derivó en los incidentes y la suspensión de la final de la Copa Libertadores que el sábado pasado debían disputar River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental del barrio de Núñez.
La denuncia fue presentada por el abogado Fabián Bergenfeld, conocido trece años atrás por haber representado a familiares de las víctimas de la llamada “tragedia de Cromañón”, por el boliche del barrio de Once donde murieron 194 personas, y simpatizante de River Plate, según se desprende de las redes sociales y confirmó el propio denunciante a Clarín.
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Por sorteo, la presentación judicial de Bergenfeld quedó radicada en el único juzgado federal vacante en Comodoro Py, el 5, que hasta fin de mes subroga el juez Marcelo Martínez de Giorgi y que a partir del 1 de diciembre quedará a cargo provisoriamente de Ariel Lijo hasta que asuma la candidata para ser juez titular de ese tribunal seleccionada por el Consejo de la Magistratura y cuyo pliego ya envió el presidente Mauricio Macri para su aprobación en el Senado, lo que difícilmente ocurra antes de fin de año, según estimaron fuentes parlamentarias.
Se trata de María Eugenia Capuchetti, una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que ya supo trabajar en los tribunales federales de Comodoro Py y que es hija del histórico jefe de Seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ex comisario general de la Policía Federal Alberto Capuchetti.
Bergenfeld también denunció al subsecretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, al subjefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y al jefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Eduardo Scarzello. Los delitos denunciados son los de incumplimiento y abuso de autoridades y violación de los deberes de funcionario público.
El abogado sostuvo en su demanda penal que los funcionarios incumplieron el protocolo de actuación para este tipo de casos, como por ejemplo, la no colocación de las vallas adecuadas, y también relacionó el ataque el micro que llevaba al plantel de Boca con el allanamiento del día previo en la casa de un jefe de la barrabrava de River en la que una investigación de la Justicia de la Ciudad derivó en el secuestro de 7 millones de pesos y 300 entradas para el partido.