En noviembre del año pasado, el Gobierno porteño sorprendía con el anuncio de la creación de una universidad para la formación docente en Capital, que reemplazaría a los 29 institutos de
formación estatal que existen en el distrito.
Estudiantes y docentes de los profesorados acampan desde el miércoles a la noche frente a la Legislatura (Guillermo Rodríguez Adami)
El anuncio generó rechazo y resistencia tanto en los profesorados estatales como privados y desde la Iglesia (a cargo de 20 institutos) porque implicaba su disolución.
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Luego de las reacciones negativas, el Gobierno cambió el proyecto y este año envió a la Legislatura una segunda versión del proyecto. Sin embargo, también es rechazada por estudiantes y docentes. Estas son las claves de la iniciativa que este jueves podría aprobar la Legislatura porteña.
1.
Se crea una nueva universidad de formación docente, UniCABA, que va a coexistir con los ya existentes institutos de formación docente o profesorados. Así, quienes quieran formarse para docentes podrán elegir entre esta universidad pública y la oferta de los terciarios, públicos y privados.
2.
La nueva UniCABA se organizará durante 2019. En los primeros meses del año próximo serán nombrados el rector normalizador y el equipo de conducción, que deberán elaborar el proyecto institucional y seguir los trámites de habilitación. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019 y los primeros estudiantes empezarían a cursar en 2020.
3.
Se iniciará también un proceso de evaluación de los profesorados. Crearán la primera agencia de evaluación -con participación de los profesorados- que tendrá como misión definir los indicadores, estándares y métricas de las pruebas. Esta agencia la dirigirá Mariano Palamidessi, actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay.
4.
Los institutos privados no estarán obligados a usar el sistema informático de administración que también establece el proyecto, al que sí deberán adecuarse los 29 profesorados estatales. Esta plataforma digital permitirá a las autoridades conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. Los profesorados privados podrán seguir usando sus sistemas, siempre que envíen a las autoridades los datos requeridos: esta información es clave porque la matrícula está ligada a los subsidios.
5.
Los legisladores opositores cuestionan el proyecto. Aseguran que recurre a argumentos de jerarquización y modernización, pero en realidad busca destruir lentamente los profesorados públicos, al desarticularlos y desfinanciarlos con la creación de una universidad. Para los expertos consultados por Clarín, este proyecto es mejor que el primer borrador presentado el año pasado, pero apuntan que la conflictividad y la falta de diálogo hicieron que se perdiera la oportunidad de construir una iniciativa con mayor consenso.