“¿Si te hacen cuatro paros en un mes, qué camino te queda? Si no hacés esto perdés el control de la empresa”. Con ese nivel de dramatismo justifican en Aerolíneas Argentinas
la decisión de suspender a 376 empleados por la huelga improvisada del 8 de noviembre que obligó a cancelar 258 vuelos, afectando a más de 30.000 pasajeros.
Aquella medida de fuerza tuvo una modalidad que también encendió alarmas en la empresa estatal. No se trató de un paro declarado, sino de una asamblea de 11 horas. La picardía e informalidad sindical vuelve más difusos los límites que puede fijar la Secretaría de Trabajo llamando, por ejemplo, a una conciliación obligatoria. “No te pueden hacer un paro salvaje sin siquiera declararlo. La empresa no puede dejar impune ese tipo de medidas de fuerza que no tienen sustento legal”, resume una fuente de la compañía.
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A esa protesta del 8 se sumaron cinco de los seis gremios que operan en Aerolíneas. Por eso la sanción afecta a pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA).
El gremio restante, el de los Tripulantes, había participado de otras “asambleas” en noviembre, el 2 y el 16, pero, según la compañía, fueron “más acotadas en el tiempo y con un impacto menor sobre la operación”. Por ahora, zafó.
Respecto a los sancionados, la empresa asegura que incluye a los que se pudo constatar que se retiraron de su puesto de trabajo. La mayor cantidad de apuntados son del call center y de los mostradores, pero hay también de mantenimiento, pilotos y rampa. Se trata de 376 sobre unos 12.300 empleados que tiene la empresa. Entre los sancionados, por inmunidad gremial, no hay delegados.
“A los gremios les avisamos por teléfono, a cada uno, tipo 4 de la tarde, que salían las sanciones. Por eso dicen que ‘formalmente’ no sabían. Los telegramas comenzaron a mandarse ayer (por el martes) a las 5, aproximadamente; a lo sumo deberían estar llegando hoy (miércoles) a la mañana”, amplían en la empresa.
La sanción, definida por el presidente de Aerolíneas, Luis Malvido, fue conversada obviamente con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Y trae el mensaje político que, en la empresa, dicen haber interpretado claramente de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, los referentes más importantes de Cambiemos.
Aquel 8 de noviembre, molesto por el paro encubierto, el Presidente dijo que la empresa aérea se debe “autosustentar”. Este año, se estima que recibirá unos 200 millones de dólares de subsidios. “Les pido a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades y trabajemos juntos para que lo antes posible, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al resto de los argentinos”, instó Macri. No lo logró.
Más llana en su mensaje, días después, la gobernadora se preguntó en un programa de TV: “¿Es justo un aumento para un piloto que gana $ 200 mil cuando un docente gana $ 33 mil?”. Combustible para los argentinos calientes con el ajuste.
Para Malvido, la línea que bajó el Gobierno es clara. Por una escalada que considera política –señaló a Hugo Moyano y a Roberto Baradel como instigadores-, no puede ceder el control de la compañía. Cree, también, empezar a tener a su favor a la mayoría de los empleados, que no quiere quedar encerrado en la puja.
¿Le alcanzará para ir a un conflicto con final incierto con los gremios? En menos de un mes, arranca el verano.