Los cancilleres europeos, reunidos este lunes y martes en Bruselas, debían dar su visto bueno preliminar al acuerdo alcanzado entre el negociador europeo Michel Barnier y el gobierno británico de la
primera ministra Theresa May para que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se haga de forma ordenada.
Se esperaba una reunión de trámite pero el gobierno español, representado por su canciller Josep Borrell, frenó el proceso.España asegura que el texto no está claro con respecto a Gibraltar, la pequeña colonia británica enclavada al sur de la Península Ibérica.
Qué pasó hoy | Te contamos las noticias más importantes del día, y que pasará mañana cuando te levantes
Recibir
El año pasado, Bruselas y Londres habían acordado una guía para las negociaciones. En ese acuerdo preliminar se decía: “Cuando el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre España y el Reino Unido”.
Madrid considera ahora que el texto del Brexit no deja eso claro y quiere que se asegure por escrito que la futura relación comercial entre el Reino Unido y la UE, que está por negociar, no se aplicará a Gibraltar si previamente no hay un acuerdo entre Madrid y Londres al respecto.
Borrell dijo este martes en Bruselas: “Las futuras negociaciones sobre Gibraltar son separadas. Hasta que eso quede claro en el texto del acuerdo del Brexit y en la declaración política sobre la futura relación, no podemos aprobarlo”.
El texto del Brexit, que ya fue aprobado por el gobierno británico, debe recibir este domingo el visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Un hipotético veto pararía el acuerdo porque es necesaria la unanimidad de los 27 gobiernos del bloque.
El canciller español dijo el lunes en Bruselas que España quiere una modificación del artículo 184 del texto, el que trata sobre las negociaciones y aplicaciones de acuerdos entre la UE y el Reino Unido cuando termine todo el período transitorio y el Reino Unido pase a ser, legalmente pero también de facto, un tercer Estado con respecto a la UE.
Madrid exige que la aplicación de cualquier futuro acuerdo en el territorio de Gibraltar debe recibir primero su visto bueno y considera que el texto no lo deja muy claro. Los juristas del Consejo Europeo explicaron que no ven riesgo, pero España quiere “prevenir una interpretación futura diferente”.
Al gobierno español también le molestó haberse enterado este lunes de que las autoridades de Gibraltar conocieron la redacción de ese artículo antes que las españolas. Madrid exige ahora que se cambie ese artículo o que se añada al acuerdo una declaración aclaratoria para dejar clara su postura: para que Londres pueda aplicar en Gibraltar cualquier acuerdo que alcance con la UE primero necesita el visto bueno español.
El canciller español Borrell y el negociador europeo Michel Barnier se reunieron la noche del lunes sin conseguir destrabar el contencioso. Madrid no habló de veto, pero podría usarlo de aquí a la cumbre del domingo o en la misma cumbre.
Madrid endureció el tono este martes. Borrell dijo que “si no queda claro que si en la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido lo relativo a Gibraltar depende del consentimiento de España, no podremos dar nuestro visto bueno en la cumbre del domingo”. El presidente español Pedro Sánchez confirmó el bloqueo: “Lamento decir que si no hay cambios España votará no”.
Bruselas tiene cuatro días para cambiar el acuerdo, pero teme que abrir la puerta a la exigencia española sea sólo una invitación para que otros países del bloque exijan más cambios. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, telefoneó a Sánchez anoche para intentar reconducir el diferendo. Sánchez había dicho antes: “Alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo”.
España no es el único país que plantea dudas al acuerdo negociado entre Bruselas y Londres, aunque sí el único que habla abiertamente de un veto. Francia exige que quede claro que tras el Brexit los barcos pesqueros europeos podrán seguir faenando en aguas británicas. Según datos de la Comisión Europea, el 58% de las capturas en aguas británicas las hacen barcos de otros países europeos. Holanda y España apoyan esa petición francesa.
Incluso el gobierno británico, aún después de que el gabinete de la primera ministra Theresa May aceptara el acuerdo, espera que en la declaración política que lo acompaña se deje claro que la Unión Europea nunca tratará al Reino Unido como a cualquier otro país del mundo y que siempre tendrá una silla en las discusiones sobre seguridad y defensa.