Bajo la conducción de Leandro Cuccioli y en su carácter de querellante, la AFIP siguió el camino de otros organismo del Estado y apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de
dictar la falta de mérito a Cristina Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En este expediente el principal acusado por maniobra de lavado de activos es Lázaro Báez.
El Gobierno insiste con el procesamiento de la ex presidenta en la principal causa por lavado de dinero, que se encuentra en pleno desarrollo de juicio oral y de la que Casanello la mantuvo al margen.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir
Los 26 acusados en ese proceso -entre ellos los cuatro hijos de Báez, el valijero Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi-, están apuntados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
En su investigación, Casanello tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. El titular de la contratista Austral Construcciones había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. La última acusación fue por haber lavado 60 millones de dólares.
En este contexto y tras varias recomendaciones previas, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado a indagar a la ex mandataria, acto que se realizó el 18 de septiembre. Después de una serie de medidas de prueba y de la indagatoria, Casanello consideró que aún “no existen evidencias que permitan conectar” a Cristina Kirchner “con las maniobras de expatriación de capitales investigada” ya que entendió que de momento “sólo parecen haber sido realizadas en beneficio de Lázaro Báez y sus hijos”.
Por tal motivo, dictó la falta de mérito de la senadora de Unidad Ciudadana y ordenó una serie de medidas para continuar con la investigación.
En su resolución el juez había determinado que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.
Después de que esta semana la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaran esa resolución de Casanello, la AFIP -también querellante en la causa- siguió el mismo camino.
“Dicho acto decisorio resulta desacertado y no debidamente fundado”, sostuvo la AFIP en el escrito al que accedió Clarín. Para el organismo, “no se han valorado las pruebas” incluidas en el expediente.
En este punto, reforzando un planteo hecho por la UIF, el ente recaudador señaló que la apelación “no deriva de una mera disconformidad con el criterio” establecido por el juez, sino una objeción a que “no ha valorado los elementos obrantes en las causas conexas a la luz de la figura del testaferro y/o socio que se le enrostra a Lázaro Báez y que demuestra de forma elocuente la clara vinculación existente entre Cristina Fernández, el hoy fallecido Néstor Kirchner y Báez”.
Además, se resaltó que no debe dejarse de lado “la cuantiosa obra pública otorgada” al Grupo Austral, como también “la reunión mantenida (entre Cristina y Báez) en septiembre de 2015 en la quinta de Olivos”, como “las imágenes que la muestran saliendo del mausoleo donde yace el cuerpo del ex presidente”.
Para la AFIP dichos aspectos “dan cuenta de una relación más allá de lo netamente comercial, ahí se denota algo más que una simple confianza“.
Se hizo puntual énfasis en los 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos que se adjudicaron al holding del empresario K durante el gobierno de Cristina Kirchner, por los cuales ambos están procesados por asociación ilícita en otro expediente judicial. “Nos preguntamos si en esa causa se encuentra procesada y elevada a juicio la imputada, ¿por qué no en esta causa?“, expresó la AFIP.
En este mismo sentido, recordó el organismo querellante que la Cámara ordenó que se “parta de las pruebas recogidas en una y otra causa de manera de integrar la pesquisa a las otra que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas”.
Por ello la AFIP entendió que “no valorar en su conjunto” la prueba obrante en otras causas como Hotesur SA, Los Sauces SA, Obra Pública, “impide dilucidar los cuantiosos hechos de corrupción involucrados, lo que resulta contrario a lo pretendido por la Sala II de la Cámara de encomendar al juez para que procesa a encaminar seriamente la investigación en el sentido indicado”.
Será la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, la que deberá decidir si procesa o no a Cristina Kirchner en la causa donde Báez es el principal acusado de haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.