Fujimori, desesperado: “No me dejen ir a la cárcel, no me condenen a muerte”
Anulan el indulto de Alberto Fujimori y ordenan nuevamente su detención
El ex presidente peruano Alberto Fujimori y tres de sus ministros de Salud fueron denunciados penalmente por 2.166 esterilizaciones supuestamente forzadas, informó la ONG feminista Demus. La denuncia fue presentada por la fiscal Marcela Gutiérrez, que antes había archivado el caso pero tuvo que retomarlo por orden de un superior suyo, Luis Landa, quien consideró que no había analizado bien.
Fujimori, que desde 2007 paga 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros, fue acusado de autoría mediata, ya que según el Ministerio Público, tenía dominio de los hechos ocurridos entre 2006 y 2010, los cuatro últimos años de su Gobierno de una década. En ese lapso, el Gobierno impulsó 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, la mayoría entre quechuahablantes pobres de los Andes.
Las investigaciones, paralizadas durante casi 14 años, establecieron que en 2.166 de los casos las esterilizaciones se hicieron sin consentimiento de la persona afectada o sin que ésta hubiera recibido la información adecuada. Además, se reportaron casos de negligencias que generaron al menos una muerte y consecuencias colaterales para varias mujeres.
La denuncia alcanza a tres ministros de Salud de ese lapso, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, éste último médico de cabecera del ex presidente. Asimismo, están incluidos funcionarios del Programa de Planificación Familiar. El abogado de Demus, Milton Campos, indicó por su parte que con la acción de Gutiérrez el asunto pasará a investigación judicial. No están claras de momento las penas a las que se exponen los denunciados.
Fujimori, de 80 años, está en una clínica de Lima bajo custodia policial desde que hace seis semanas la Justicia peruana anuló por irregular el indulto que le dio en diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El ex mandatario, que además tendrá que enfrentar otro proceso por la matanza de seis campesinos de la provincia de Pativilca en 1991, argumenta que tiene derecho al indulto por sus problemas de salud.
D.S.