La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso se defendió después de conocer la imputación de una fiscal federal por supuesta protección al presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino
y aseguró que, “como siempre”, está “a disposición de la Justicia” para “explicar lo que sea necesario”.
“De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseída. Estoy a disposición de la justicia como siempre para explicar lo que sea necesario”, escribió Alonso en Twitter tras conocer la imputación de la fiscal Paloma Ochoa, que actuó a partir de una denuncia de los diputados del Frente Renovador Cecilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti.
De todas las imputaciones que me han hecho desde 2016, más tarde o más temprano, he sido sobreseida. Estoy a disposición de la justicia como siempre para explicar lo que sea necesario
— Laura Alonso ???? (@lauritalonso) November 13, 2018
La fiscal pidió medidas de prueba a la jueza María Servini, al frente de la causa, para dilucidar si Alonso cometió “violación de deberes” y “retardo de justicia” al emitir un dictamen en el que se consideraba que el presidente Macri no había incurrido en conflicto de intereses en torno al caso Correo Argentino, que enfrenta a su familia con el Estado.
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Ochoa remarcó en su dictamen que “con el devenir de la investigación”, esta podría ampliarse a otros funcionarios.
En la citada resolución, la Oficina Anticorrupción concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, ni del ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.
En la denuncia, los diputados del Frente Renovador señalaron que “ha quedado claro que la Licenciada Alonso ha transformado un área del Estado, encargada de combatir la corrupción, en una trinchera dedicada explícitamente a perseguir, por un lado, a funcionarios de la gestión anterior, y por otro, para encubrir a funcionarios de la actual gestión”.
En septiembre de 1997, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y a través de un proceso de concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y quedó en manos de una de las empresas de Franco Macri, padre del ahora jefe de Estado.
En 2001, en medio de la dura crisis económica, social y política que se levantó en el país, el Correo entró en concurso de acreedores.
Ya en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda de la familia Macri con el Estado, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales.
En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y la empresa cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.
En 2016, la empresa y el actual Gobierno llegaron a un acuerdo de pago, que en 2017 la fiscal Gabriela Boquín indicó que “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”, por lo que hasta el momento la deuda no fue pagada.
Esta situación se dio en medio de una gran polémica por el presunto conflicto de intereses en que podía incurrir Macri al tratarse de un asunto entre el Estado y la empresa familiar.
A principios de octubre pasado, el mandatario decidió firmar un decreto por el que se excusaba de “intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino”.
“El presidente de la Nación Argentina decreta excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino S.A., en tanto sus familiares (…) mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma”, señalaba el texto.
Esta decisión llegó después de que la OA descartara que Macri se hubiera inmiscuido en el caso pero recomendara su abstención de intervenir “en toda actuación administrativa relacionada con la empresa