Una nueva ronda de indagatorias comienza este lunes en la causa de “los cuadernos de las coimas”, donde se investiga una estructura presuntamente utilizada desde el extinto Ministerio de Planificación Federal
para el cobro de sobornos durante el Gobierno kirchnerista. En esta oportunidad, a raíz de nuevos hechos incorporados a la causa, el juez Claudio Bonadio citó nuevamente a declarar este martes a Julio De Vido -que lo hará por videoconferencia-, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Hernán Gómez, José María Olazagasti, y a Hernán del Río.
Mientras el juez de la causa procesó a Cristina Fernández de Kirchner por ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales, los ex funcionarios de primera línea quedaron acusados algunos como miembros de esta “organización delictiva” y otros como organizadores.
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Así es el caso de De Vido y Baratta: quedaron procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que a Baratta se lo acusa de 90. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.
Pese a eso, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo solicitaron que los ex funcionarios sean acusados por 205 hechos. Idéntico rol le otorgaron a Baratta. Si la Cámara acepta la apelación de los fiscales, ahora deberá responder por 205 hechos.
En este escenario fueron citados otra vez a indagatoria a raíz de nuevos hechos incorporados a la causa tras las declaraciones de algunos empresarios como Marcelo Mindlin -dueño de Pampa Energía y comprador de Iecsa firma que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, las nuevas pruebas atribuidas a los ex funcionarios y sus colaboradores directos“obligaba a reindagar para adecuar la investigación”.
Para Bonadio, se comprobó durante la instrucción que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015”.
Por ello quedaron involucrados ex secretarios privados de De Vido y Baratta y choferes del extinto ministerio. Todos volverán a declarar este martes.