La Unión Europea (UE) es un gigante político, un enano militar y posiblemente la primera potencia comercial y regulatoria del planeta. Hasta el punto de que su peso y su
maquinaria se impusieron al Reino Unido, un país entre las primeras potencias económicas, con poder nuclear militar y asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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Los más de 40 años de membresía británica a la Unión Europea hacen que cumplir el mandato del ‘Brexit’, la salida del bloque decidida por los ciudadanos británicos en referéndum hace ya casi dos años y medio tras una campaña llena de mentiras, sea una tarea casi imposible si se quiere evitar un tortazo económico y una pérdida brutal de presencia en el mundo. Londres necesita el mercado europeo (donde envía el 49% de sus exportaciones) pero para eso Bruselas le impone seguir alineado a sus normas.
El gobierno británico terminó por aceptar las condiciones europeas para evitar destrozar su economía. Decenas de multinacionales han anunciado que se llevan sus sedes sociales y fiscales de Londres a otras ciudades europeas como Amsterdam, París o Frankfurt. JP Morgan, el mayor banco de inversión del planeta, anunciaba la semana pasada que su principal fondo, con más de 250.000 millones de euros, abandonaba Londres camino de Frankfurt.
Negociador. El delegado jefe de la UE para el “Brexit”, Michel Barnier, en un diálogo en Bruselas (EFE).
El acuerdo logrado ayer salva el principal escollo, el de la frontera norirlandesa. Bruselas se puso del lado de Irlanda en la exigencia de que no podía reinstaurarse una frontera física entre Irlanda (miembro del bloque) e Irlanda del Norte (región británica que saldrá de la UE con el resto del país).
Londres había prometido salirse de la unión aduanera europea, pero eso forzaba a levantar esa frontera y ponía en riesgo los acuerdos de paz que acabaron con el terrorismo norirlandés. El escollo parecía insalvable si el gobierno británico no cedía en sus líneas rojas.
Bruselas propuso entonces dos opciones a Londres. La primera consistía en respetar su deseo de salir de la unión aduanera pero mantenía a Irlanda del Norte en ella. Una solución políticamente imposible para el gobierno británico porque imponía controles aduaneros dentro de su territorio. Toda una crisis constitucional porque además empujaba por la vía de los hechos a Irlanda de Norte en los brazos de Irlanda mientras los partidos nacionalistas norirlandesas ya anunciaban planes para pedir un referéndum de unión a Irlanda. Esa amenaza, sumada a la del nacionalismo escocés (Escocia votó en más del 60% a favor de seguir en la UE y su gobierno ventila cada cierto tiempo la idea de un segundo referéndum de independencia), podían terminar partiendo el país en pedazos.
La alternativa, que Londres terminó por aceptar, es mantener a todo el Reino Unido en la unión aduanera europea, pisando así otra de las líneas rojas del gobierno de Theresa May. Los británicos podrán seguir comerciando sin aranceles ni cuotas con el resto de la Unión Europea con un acuerdo similar al que tiene Turquía y que durará hasta que Bruselas y Londres pacten un tratado de libre comercio. Esa solución mantiene al Reino Unido alineado normativamente con la Unión Europea y le impide, como quería evitar Bruselas, convertirse en un territorio que compitiera con Europa haciendo dumping fiscal, laboral o medioambiental. Además, impide a los británicos firmar acuerdos comerciales con terceros países.
Todo eso sin voz ni voto en decisiones europeas que les pueden afectar directamente. Por ejemplo, a partir de abril los británicos no tendrán nada que decir en la negociación comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero en caso de acuerdo lo tendrán que aplicar, les guste o no.
Los miembros más nacionalistas del Partido Conservador de Theresa May no esperaron a leer el acuerdo para rechazarlo. Consideran que su país se convertirá con este pacto en un “estado vasallo” de la UE. Las líneas rojas de Bruselas nunca se movieron. Las de Londres han ido dando saltos atrás hasta quedar irreconocibles.